De la Redacción
CHETUMAL, 27 de agosto.- Opacidad y presunto desvío de recursos públicos a través de las “ayudas sociales”, aumento injustificado y uso discrecional del presupuesto asignado, otorgamiento de millonarios contratos para favorecer a allegados políticos, así como el dispendio en costosos asesores, son sólo algunas de las anomalías que acumuló a lo largo de tres años la actual XV Legislatura del Congreso de Quintana Roo.
Como diputados electos, los integrantes de la XV Legislatura, principalmente los del PAN y el PRD, son recordados por encabezar un ataque a la sede del Congreso del Estado pocos días antes de tomar posesión en el 2016, pero ahora, tres años después, ellos se van señalados de incurrir en abusos y prácticas de corrupción que criticaron y habían prometido combatir.
A través de las asociaciones civiles existen un gran número de casos que han sido documentados y hasta denunciados ante las autoridades, en donde se demuestra el cúmulo de irregularidades e ilegalidades en que han incurrido los diputados de la XV Legislatura, señalados por tener uno de los Congresos más caros y menos productivos del país, envuelto en escándalos de corrupción y saqueo de los recursos públicos.
La sociedad quintanarroense tilda a los diputados de corruptos, traidores, mentirosos e incumplidos, porque desde que llegaron al cargo en septiembre de 2016, lo único que han hecho es enriquecerse y catapultar sus ambiciones políticas a costa del pueblo que les dio su confianza.
La XV Legislatura inició con los siguientes diputados: por el Partido Acción Nacional (PAN) están Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, que quedó como presidente de la Gran Comisión; Gabriela Angulo Sauri, Fernando Zelaya Espinoza, Eugenia Solís Salazar, Jesús Zetina Tejero y Mayuli Martínez Simón, a ésta última se le hizo fácil abandonar su cargo de diputada para saltar como “chapulín” a una senaduría en las elecciones de 2018.
Del PAN también han entrado como diputados suplentes María Yamina Rosado Ibarra y Mario Baeza Cruz, aunque este último sólo duró poco tiempo en el Congreso de Quintana Roo, pero fue el suficiente para demostrar su ineptitud y traicionar a los quintanarroenses, luego de servirse con la “cuchara grande” y saquear los recursos a través de las “ayudas sociales”, así como por aprobar leyes a ciegas, sin leerlas ni analizarlas, famoso por encabezar la aprobación de la repudiada Ley de Movilidad, cuando en ese entonces presidía la Comisión de Comunicaciones y Transportes.
Por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) están los diputados Alberto Vado Morales, Elda Candelaria Ayuso Achach, Raymundo King de la Rosa, José Luis González Mendoza, Leslie Hendricks Rubio y Jenni Juárez Trujillo.
Por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) iniciaron José Esquivel Vargas, que también abandonó su curul para irse como presidente municipal de Felipe Carrillo Puerto; Emiliano Ramos Hernández, que luego se declaró legislador independiente; así como Laura Beristain Navarrete, quien después de renunciar a su partido emigró al Morena y en 2018 llegó a la presidencia municipal de Solidaridad.
Por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) están Santy Montemayor Castillo, Tyara Schleske de Ariño, José de la Peña Ruiz de Chávez y José Carlos Toledo Medina. También formó parte de la legislatura Ana Patricia Peralta de la Peña, que en las elecciones de 2018 abandonó su cargo para irse de diputada federal plurinominal, actualmente representando al Morena.
Por el Partido Nueva Alianza (Panal) inició el diputado Ramón Javier Padilla Balam, más tarde se sumó a sus filas la diputada Adriana del Rosario Chan Canul, como suplente de Ana Patricia Peralta.
Del extinto partido Encuentro Social (PES) estaba el diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio, que posteriormente renunció para declararse legislador independiente.
Por el Morena iniciaron Juan Ortiz Vallejo, quien fue expulsado de ese instituto político, tras comprobarle actos de corrupción y traición; así como Silvia de los Ángeles Vázquez Pech, quien decidió renunciar y afiliarse al PES.
Los diputados independientes son Luis Ernesto Mis Balam, suplente de José Esquivel; Teresa Sonia López Cardiel, suplente de Laura Beristain; así como el expriista Juan Carlos Pereyra Escudero, quien traicionó a su partido de origen luego de que obtuvo una diputación plurinominal del mismo.
Ayudas Sociales
Sin duda, el asunto de las “ayudas sociales” es algo que deberá ser investigado por la próxima XVI Legislatura, con ayuda de la Auditoría Superior del Estado (Aseqroo), pues existen señalamientos y hasta denuncias de la opacidad y el presunto desvío de los recursos que los diputados hicieron a través de este rubro.
En dos años y medio, entre septiembre de 2016 y hasta marzo de 2019, los 25 diputados y sus suplentes han derrochado casi 180 millones de pesos en “ayudas sociales”, una partida cuyo manejo ha sido totalmente opaco y por la que existen denuncias por el delito de peculado o desvío de recursos.
Esto ha sido evidenciado por diferentes asociaciones civiles, principalmente la de Somos tus Ojos y El Observatorio Legislativo de Quintana Roo, que también interpusieron denuncias por el delito de peculado (malversación de fondos públicos) en la Fiscalía Anticorrupción y Fiscalía General del Estado (FGE), con el objetivo de transparentar y aclarar el paradero de estos recursos, pero hasta la fecha no se tienen avances contundentes.
Los denunciantes han descubierto la existencia de falsos beneficiarios en la lista de ayudas sociales, de personas que aseguran no haber recibido ningún tipo de apoyo del Congreso del Estado, pero que sus nombres aparecen junto con documentos apócrifos, además de la falsificación de sus datos personales y hasta su firma. Parte de estas falsas ayudas provienen de la oficina del diputado Juan Carlos Pereyra Escudero y de la exdiputada Ana Patricia Peralta de la Peña.
Se ha dicho que este dinero no solamente se ha utilizado de manera opaca, sino también ha servido para fines político-electorales de varios diputados, quienes se han consolidado en el poder y ahora no quieren soltarlo, como Mayuli Martínez Simón, que utilizó al Congreso del Estado para catapultarse a una senaduría, dando la espalda a los quintanarroenses y trabajando por y para su único beneficio.
Aunque las “ayudas sociales” no forman parte de las atribuciones ni de las obligaciones de un diputado, éstas serán legalizadas en la próxima XVI Legislatura, como parte de la nueva Ley Orgánica del Poder Legislativo, que también permite las casas de gestión o atención ciudadana de los diputados en cada distrito electoral del estado.
Creciente derroche
de recursos
La presente legislatura ha sido calificada como una de las más onerosas y deficientes a nivel nacional, tanto por asociaciones civiles como por el propio Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).
En 2018 y por segundo año consecutivo, la XV Legislatura del Congreso de Quintana Roo se convirtió en una de las más caras del país, donde cada uno de sus 25 diputados costaron a los quintanarroenses 18.7 millones de pesos.
Los resultados del Informe Legislativo 2018, dados a conocer por el Imco, revelaron que en siete legislaturas locales el presupuesto por diputado resultó superior al de la Cámara de Diputados federal, que fue de 16.9 millones de pesos.
El estudio del Imco demostró que las legislaturas más caras del país son la de Quintana Roo, Ciudad de México, Michoacán, Estado de México, Sonora, Baja California y Jalisco.
El presupuesto asignado en el año 2016 para el Congreso de Quintana Roo, que correspondió al último año de la pasada XIV Legislatura, fue de 340 millones 767 mil 863 pesos; mientras que para el 2017, justo el primer año de haber entrado en funciones la actual XV Legislatura, sus diputadas y diputados se aumentaron los recursos hasta 435 millones 872 mil 332 pesos, sin ninguna justificación y quedando para uso discrecional de estos representantes populares.
Los legisladores tampoco respetaron las medidas de austeridad en 2018, año en que se volvieron a subir el presupuesto para dejarlo en 468 millones 858 mil 458 pesos, sumando así un aumento sustancial de casi 130 millones más en sus primeros dos años de labores.
En este 2019, por tratarse de un año electoral, el Congreso del Estado aplicó una ínfima reducción presupuestal de 16.8 millones de pesos, cantidad que resulta raquítica y hasta insultante si se le compara con los casi 130 millones de pesos que los diputados se aumentaron en sus primeros dos años de labores.
Este recurso se ha utilizado para el dispendio de los diputados, que no escatimaron en gastos y estrenaron lujosos vehículos al poco tiempo de entrar en funciones, algunos de ellos rentados con cargo al erario público, como fue el caso de Emiliano Ramos Hernández y Eduardo Martínez Arcila.
Despilfarro en asesores
de lujo
La XV Legislatura fue exhibida en 2017 por meter a la nómina a decenas de asistentes y asesores, algunos llegaron a cobrar hasta más de 120 mil pesos de manera cuatrimestral.
Aunque posteriormente el Congreso del Estado negó dicha información, fuentes al interior confirmaron su veracidad, por lo que los diputados tuvieron que tomar medidas y “recortar” su número de asesores.
Los asistentes y asesores fueron un gran negocio de la XV Legislatura, incrustados con el único fin de saquear el presupuesto para beneficio de los diputados y su gente cercana, prueba de ello es que Silvia de los Ángeles llegó a tener 16 asesores, cobrando cantidades de entre 20 y hasta más de 40 mil pesos cada cuatro meses, aunque se trató de la diputada más faltista y que no aportó ningún beneficio al estado ni para los quintanarroenses.
Hasta el escolta del diputado Juan Ortiz Vallejo aparecía en la lista filtrada de asesores, con un sueldo cuatrimestral de 81 mil 194 pesos, por mencionar algunos ejemplos.
Negociazo del Sistema
Electrónico
Eduardo Martínez es la mejor ejemplificación de corrupción del Congreso del Estado, en 2017 no llevó a cabo el proceso de licitación para la implementación del nuevo Sistema de Asistencia Legislativa y Votación Electrónica, sino que fue a través de una “invitación directa” donde se privilegió a proveedores con los que tiene intereses políticos y/o personales, como su amigo Carlos Ávila Lizárraga, representante legal del Consorcio Blue Petroleum, que fue una de las tres empresas beneficiadas.
El panista Ávila Lizárraga, que tiene buenos lazos con el presidente de la Gran Comisión, fue uno de los tres proveedores beneficiados para la implementación del nuevo sistema legislativo, el cual tuvo un costo global de 4.2 millones de pesos, pero sin que a la fecha se haya transparentado como es debido.
Las otras dos empresas beneficiadas fueron Profeti Consultores SA de CV, cuyo representante legal es Miguel Ángel Puga Priego; y Alv Alumi SA de CV, propiedad de Luis Antonio López Ortiz.
Profeti Consultores, que aparece como una empresa de origen poblano, se encargó del costoso software para el nuevo sistema tecnológico del Congreso local, pese a que había otras empresas que pudieron hacer un trabajo más económico.
De hecho, mediante la empresa Profeti Consultores se benefició a la gente del ya fallecido Rafael Moreno Valle, exgobernador de Puebla, quien fue apoyado por la bancada panista en la XV Legislatura, cuando éste tenía aspiraciones de llegar a la Presidencia de la República.