De la Redacción
Un claro temor es el que existe dentro de la tropa adscrita a la Secretaría Estatal de Seguridad Pública, tras la salvaje ejecución del inspector José Antonio Archi Yama, perpetrada por miembros del crimen organizado, quienes de las amenazas han pasado a los hechos en reiteradas ocasiones en distintos puntos de la entidad.
Sobre todo, porque afirman que no cuentan con un protocolo para tratar y atender oportunamente estos temas que en algunos casos, han terminado con la muerte de policías.
De hecho, un familiar de Archi Yama, declaró el día que interpuso la denuncia por la desaparición del elemento policíaco, que la SESP no cuenta con un protocolo para tratar estos temas y prueba de ello es que hace unos meses, en Chetumal, un oficial de la Policía Procesal fue ejecutado dentro de su domicilio y tampoco hubo reacción de los mandos de la dependencia.
Y es que, para elementos que forman parte de la tropa de la corporación policíaca, el temor es más que elocuente porque las amenazas han sido constantes hacia la dependencia y muchas de ellas han terminado con ataques a balazos y hasta en ejecuciones.
Incluso, en agosto pasado, hackearon la cuenta de Twitter de la Policía Estatal, en una clara muestra de que existe un caos y que en las diversas áreas no hay protocolos de actuación de forma concreta para atender estas situaciones.
En el 2018 fueron múltiples los ataques a la Policía Estatal, como el de agosto de ese año cuando miembros del crimen organizado lanzaron una granada de fragmentación hacia una patrulla de la Policía Estatal que acababa de salir del Puesto de Mando que está sobre la avenida Las Torres en Cancún.
En enero de 2019, dos elementos de la Policía Estatal resultaron con graves lesiones, al ser atacados a balazos en un domicilio asegurado por la Fiscalía General del Estado, en el fraccionamiento Andalucía, donde realizaban labores de custodia.
Dicho ataque ocurrió alrededor de las 21:50 horas, momentos después de la ejecución de un taxista en la Supermanzana 210.
Para el mes de junio de 2019, con ráfagas de armas de grueso calibre, sicarios que lograron escapar, atacaron una camioneta en la que viajaban elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP).
Se trataba de una administradora muy allegada a Alberto Capella Ibarra, secretario estatal de Seguridad Pública, identificada con el nombre de Citlalli; además de una secretaria y el policía Isaías May Tec, junto con otro elemento que iba con ellos y que acaban de salir de la base de la Policía Estatal.