De la Redacción
El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), fijó su postura sobre el Tren Maya, proyecto insignia de la “Cuarta Transformación” y que abarca los estados de Chiapas, Tabasco, Yucatán, Campeche y Quintana Roo, al advertir sobre cuatro puntos fundamentales: la opacidad de cómo se desarrollará la obra, el impacto a los ecosistemas, la vulnerabilidad al derecho que tienen los pueblos indígenas por decidir sobre sus territorios y el hecho de no contar con los permisos ambientales, de ahí que el Estado mexicano debe suspender cualquier actividad relacionada con el Tren Maya.
En su página oficial www.cemda.org.mx esta organización, que desde hace 25 años trabaja para la defensa del medio ambiente y los recursos naturales, refiere la importancia del fortalecimiento, consolidación, armonización, aplicación y cumplimiento efectivo del sistema jurídico-ambiental vigente, que de acuerdo con el análisis sobre el Tren Maya, se incumplen.
En ese sentido contextualizaron este proyecto que se ubica en áreas rurales donde se encuentra parte significativa del patrimonio biocultural del país, se violentan los derechos humanos de estas comunidades y no garantizan el derecho a la autonomía, el territorio, el acceso tradicional y a los recursos naturales, de tal forma que no se les toma en cuenta se imponen obras que tienen impactos socio-ambientales.
Además, argumentaron que es común que en este tipo de obras, la información sobre la cual el Estado evalúa los impactos es deficiente y parcial y en muchas ocasiones, dicha evaluación se realiza cuando el proyecto ya ha sido diseñado, concesionado y licitado.
En esta región, según lo expuesto por Cemda, viven actualmente diversas poblaciones indígenas y campesinas, además de ser una de las zonas más biodiversas del mundo, pues se considera el segundo pulmón forestal de América Latina, después de la Amazonia y fragmentarla causará daños irreversibles a la vegetación, al suelo, al agua y a la biodiversidad.
El argumento principal para su desarrollo es que está orientado a incrementar la derrama económica del turismo en la Península de Yucatán, crear empleos, impulsar el desarrollo sostenible, proteger el medio ambiente de la zona desalentando actividades como la tala ilegal y el tráfico de especies y propiciar el ordenamiento territorial de la región.
No obstante, hay poca información oficial existente hasta el momento y no se han hecho públicos ni el Proyecto Ejecutivo ni la Manifestación de Impacto Ambiental y aunque en la página oficial del Tren Maya se señala que tendrá una longitud total de mil 460 kilómetros con 18 estaciones y se prevé que la ruta se divida en siete tramos, el trazo final del ferrocarril se desconoce, así como el exacto número de estaciones o de nuevas zonas de desarrollo que se quieren realizar.
Asimismo, Cemda pone en entredicho el proceso de consulta indígena que se realizó de forma simultánea en diversos municipios, con una sesión informativa y otra deliberativa, donde participaron autoridades y personas de comunidades indígenas, toda vez que ésta no fue convocada con el propósito de obtener el consentimiento de los pueblos y comunidades indígenas.
En cuanto a los riesgos ambientales del Tren Maya y las obras conexas, advirtieron que la falta de certeza sobre el trazo final del proyecto impide identificar los impactos puntuales que se pudieran ocasionar al hábitat y a los ecosistemas terrestres y costeros, no obstante, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) ha advertido que impactará en diversos municipios de Chiapas y Tabasco, así como la Península de Yucatán
En relación a Quintana Roo, el proyecto Tren Maya afectará las Áreas Naturales Protegidas (incluidas las Reservas de la Biosfera de Sian Kaan y Calakmul), siete Regiones Terrestres Prioritarias, 11 Regiones Hidrológicas Prioritarias y 10 Áreas de Importancia para la Conservación de los Aves.
Se afectarán diversos cuerpos de agua superficiales, entre los que destacan lagunas perennes e intermitentes, zonas de inundación, aguadas, jaguey, escurrimientos temporales y humedales, sobre todo en los municipios de Benito Juárez, Tulum, Felipe Carrillo Puerto, Bacalar y Othón P. Blanco del estado de Quintana Roo; asi como Calakmul del estado de Campeche
En relación a los conflictos entre los ejidatarios por el desarrollo del proyecto, mencionan que por la opacidad en la información no se ha permitido una participación real y eficaz en la toma de las decisiones y ya se está viendo un deterioro en el tejido social y división comunitaria, entre quienes aprueban y quienes rechazan el proyecto.
Ante ello, consideran que el proyecto transgrede los derechos humanos y no contribuye a fomentar la conservación del patrimonio biocultural, por ello, al no tener la información suficiente para garantizar el respeto, protección y prevención de los riesgos e impactos ambientales y sobre los derechos humanos, el Estado mexicano debería aplicar los principios de precaución, prevención del Estado pluricultural y suspender cualquier actividad relacionada con el Tren Maya.
Recomendaron que el proyecto del Tren Maya tienen que garantizar la publicidad de toda la información sobre riesgos e impactos ambientales y sociales, así comola participación temprana y efectiva, se debe facilitar y garantizar el acceso a la justicia y la protección de las personas defensoras ambientales.
Piden incluso que se generen los estudios y evaluaciones pertinentes para determinar si existe la viabilidad económica, social, ambiental y de desarrollo del proyecto y que dicha información sea puesta a disposición de la sociedad en general; particularmente a las posibles comunidades afectadas, así como de académicos, sociedad civil e interesados.
Todo ello con el objetivo de establecer un diálogo sobre la pertinencia, mejores prácticas y garantizar el acceso efectivo a la información y a la participación en la toma de decisiones.
Consideraron que es imprescindible que se asegure el acceso a la justicia de aquellas personas, comunidades y organizaciones que quieran reclamar la violación de sus derechos humanos, sobre todo en tiempos de emergencia sanitaria.
Finalmente, las autoridades deben abstenerse de realizar cualquier ataque y agresión en contra de las personas defensoras ambientales.