El Gobierno de Quintana Roo presentó una demanda para exigir a Aguakan el pago de un crédito fiscal por 3 mil 758 millones de pesos, derivado de operaciones realizadas en el 2019.
Según las autoridades, no se ajustan al esquema financiero autorizado. El conflicto entre el Estado y la empresa concesionaria del servicio de agua potable y saneamiento en la zona norte sumó un nuevo capítulo judicial.
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La demanda fue registrada en los estrados del Juzgado Octavo de Distrito con sede en Cancún y su existencia fue confirmada por la propia compañía mediante un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
En el escrito, Aguakan –filial de Grupo Mexicano de Desarrollo (GMD) y GBM Infraestructura– calificó el adeudo como “inconstitucional y contrario a las disposiciones fiscales del Estado de Quintana Roo” y anunció que presentará una impugnación.
El monto reclamado representa aproximadamente el 95% de los ingresos obtenidos por la empresa durante el 2024, según estimaciones de Bloomberg Línea, y coincide con un momento financiero complejo para la concesionaria, que en el 2026 deberá afrontar el vencimiento de una emisión de certificados bursátiles por mil 400 millones de pesos, colocada en el 2022.
Este nuevo litigio se suma a la disputa legal por la ampliación del contrato hasta el 2053, otorgada en el 2014, la cual es considerada irregular por la actual administración estatal.
En el 2022, el Gobierno del Estado anunció su intención de revocar la concesión; en respuesta, la compañía inició un procedimiento internacional ante la Cámara de Comercio Internacional (ICC).
La Suprema Corte de Justicia de la Nación declinó atraer el caso, por lo que el proceso continúa en tribunales locales.
En abril pasado, el Juzgado Octavo de Distrito resolvió que, al aceptar la concesión y su extensión por parte del Congreso local, Aguakan también debe reconocer que ese mismo órgano tiene facultades para revocar el contrato.
El juez argumentó que la prórroga otorgada en el 2014 fue anticipada y no generaba derechos adquiridos, ya que sólo entraría en vigor después de diciembre del 2023. Por lo tanto, al ser anulada antes de esa fecha, la empresa no puede reclamar derechos consolidados para el periodo 2023–2053.
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La sentencia también validó que el Congreso estatal considerara los resultados de la consulta ciudadana del 2022, en la que la mayoría de los habitantes de los cuatro municipios donde opera la empresa votaron a favor de cancelar la concesión, así como las múltiples quejas públicas sobre deficiencias en el servicio y daños ambientales.
En una parte clave del fallo, el juez precisó que, en asuntos relacionados con el derecho al agua y la protección del medio ambiente, la carga de la prueba se invierte: corresponde a la concesionaria demostrar que sus actividades no generan impactos negativos al entorno natural.
Este principio se basa en el enfoque precautorio de la justicia hídrica, el cual obliga a actuar con prudencia ante posibles amenazas al equilibrio ecológico y a la salud de la población.
