La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) afirmó estar preparada para asumir el control del servicio de agua potable, alcantarillado y drenaje en los municipios de Cancún, Isla Mujeres, Puerto Morelos y Solidaridad, una vez que concluya de forma definitiva el proceso legal para revocar la concesión otorgada a Aguakan.
El director general de CAPA, Hugo Garza Sáenz, aseguró que el organismo estatal cuenta con la capacidad técnica y operativa para operar la infraestructura actualmente manejada por la filial del Grupo Mexicano de Desarrollo. Subrayó que todo el equipamiento hidráulico ya pertenece al Gobierno del Estado.
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“Sí, efectivamente, está muy preparada la CAPA… toda la infraestructura es propiedad del gobierno del estado”, declaró Garza, quien agregó que incluso se contempla trabajar con parte del personal de la empresa concesionaria para evitar afectaciones en el servicio.
Estas declaraciones surgen tras una reciente resolución del Juzgado Octavo de Distrito, que avaló la decisión del Congreso de Quintana Roo de anular la ampliación anticipada de la concesión otorgada en 2014, la cual buscaba extenderse hasta el año 2053. El fallo declaró improcedente dicha prórroga, lo que jurídicamente implicó el fin de la concesión desde diciembre de 2023. Sin embargo, Aguakan interpuso un recurso de revisión, aún en trámite ante un Tribunal Colegiado.
Garza evitó profundizar sobre el estado actual del litigio, alegando restricciones legales, pero recalcó que CAPA ya mantiene presencia institucional en los municipios involucrados. Además de operar en los otros siete municipios del estado, el organismo estatal también regula aspectos administrativos de la concesión en disputa, como autorizaciones de proyectos inmobiliarios y emisión de constancias de no adeudo.
Uno de los puntos clave, según el funcionario, es que la infraestructura —plantas de tratamiento, bombas, cárcamos y redes— pertenece al Gobierno del Estado. “No se va a quedar ningún cárcamo, ninguna bomba ni una planta de tratamiento sin quien la opere”, aseguró, al descartar cualquier riesgo de paralización del servicio si se concreta la transición.
A pesar del discurso oficial, el reemplazo de una empresa privada por un operador público en zonas de alta demanda y crecimiento como Cancún y la Riviera Maya representa un desafío logístico, administrativo y social de gran magnitud.
El éxito de esta transición dependerá no sólo del desenlace legal, sino también de la capacidad del Gobierno para gestionar un servicio que, por décadas, ha sido blanco de críticas por parte de la ciudadanía debido a su deficiente calidad, cobertura y costos.
Por ahora, CAPA sostiene estar lista, aunque los ciudadanos se preguntan si lo estará también el entorno político, jurídico y operativo para garantizar una transición efectiva y sin afectaciones para la población. Lo que temen es que el cambio no repita los errores de Aguakan, cuya gestión desde 1993 ha sido señalada por la falta de inversión, cortes arbitrarios, manejo deficiente de plantas de tratamiento, facturación excesiva y hasta cobros por “aire” en la red hidráulica.
