La Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpe) entregará apoyos a grupos menonitas, a pesar de que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) los sancionó por devastar más de 45 mil hectáreas de selva en Bacalar.
Además, se les culpa del deterioro causado al suelo por el uso de plaguicidas altamente nocivos.
La Sedarpe informó que evalúa incluir a los menonitas en programas de impulso al sector rural, a pesar del impacto ecológico generado en dicha región.
Noticia Destacada
San Isidro Poniente niega venta de tierras a menonitas; Profepa mantiene inspecciones en Balam K’aax
Según la Profepa, estas agrupaciones talaron más de 45 mil hectáreas de vegetación en Bacalar sin contar con las autorizaciones correspondientes para el cambio de uso de suelo forestal, emitidas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Las verificaciones realizadas por autoridades federales evidenciaron la destrucción de selva mediana subperennifolia y baja, ecosistemas esenciales que resguardan especies nativas y funcionan como filtros naturales para la recarga de acuíferos.
La Comisión Nacional Forestal (Conafo) detalló que Bacalar y su zona aledaña han perdido más del 30% de su cobertura vegetal original en los últimos 20 años, en gran medida como resultado de métodos agrícolas intensivos y mecanizados.
Las penalizaciones impuestas por la Profepa ascienden a varios millones de pesos. Asimismo, se iniciaron procedimientos administrativos y judiciales por desmontes ilegales y el empleo no autorizado de productos químicos. Las multas dependen de la extensión afectada y del tipo de flora dañada, aunque en ciertos casos pueden llegar hasta 50 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir, más de 5 millones de pesos.
Además, se exige la restauración del entorno afectado, según explicó Luis Orozco, representante de la organización ambiental “Por cultivos sin pesticidas”.
Aun con este panorama, la Sedarpe anunció la instalación de una mesa de diálogo con los productores menonitas, con el objetivo de brindarles asistencia técnica, fomentar el uso de insumos menos contaminantes y, a cambio, integrarlos a esquemas estatales que contemplan la entrega de fertilizantes, herramientas y tecnología agrícola.
Jorge Carlos Aguilar Osorio, titular de la dependencia, reconoció que estas comunidades poseen un notable potencial de producción, aunque subrayó que deben modificar su sistema agrícola y adoptar métodos más respetuosos con el medio ambiente.
Noticia Destacada
Profepa detectó más de 2 mil 500 hectáreas dañadas de selva en Q. Roo por uso de suelo agroindustrial
“Ellos tienen una gran capacidad productiva y trabajan según sus propias normas, pero lamentablemente no han operado bajo los criterios de protección ecológica que se requieren”, expresó.
Orozco agregó que la compra de grandes lotes de tierra por parte de estos grupos ha sido posible a través de adquisiciones directas a ejidatarios y propietarios particulares, sin que exista una planeación territorial ni controles efectivos sobre el uso posterior de las parcelas.
“Esto ha permitido la apertura de zonas de cultivo en áreas boscosas, sin permisos ni planes de manejo”, puntualizó.
El especialista advirtió que, más allá de la pérdida de vegetación, la agricultura extensiva ha provocado impactos severos:
Daños a especies polinizadoras, como las abejas, debido al uso de sustancias químicas altamente tóxicas, lo que afecta directamente a apicultores y productores de frutas, hortalizas y cereales que dependen de estos insectos para sus cosechas.
Contaminación del suelo y de los acuíferos por compuestos no regulados, comprometiendo la calidad del agua y la salud de poblaciones cercanas.
Fragmentación de hábitats de animales silvestres que dependen de la selva para subsistir.
Tanto colectivos ambientalistas como agricultores locales han cuestionado que, mientras se imponen sanciones por daños ecológicos, el Gobierno estatal promueva incentivos sin exigir primero la restauración del entorno ni el cumplimiento riguroso de las normativas.
La iniciativa de entablar diálogo no ha sido descartada, pero expertos como Luis Orozco advierten que, “sin compromisos obligatorios, se corre el riesgo de legitimar prácticas ilegales del pasado en lugar de ordenar el uso del territorio y salvaguardar los ecosistemas de Bacalar”.