Recientes operativos realizados en Bacalar y José María Morelos permitieron detectar un total de mil 463 hectáreas afectadas por desmonte ilícito, lo que derivó en la clausura de tres propiedades, así como la presentación de dos denuncias penales ante las autoridades competentes.
La información fue expuesta durante la constitución de la Mesa de Trabajo para el Combate a la Tala Ilegal y la Deforestación en Quintana Roo, un espacio de colaboración conformado por representantes estatales y federales, cuyo propósito es coordinar acciones de forma quincenal para frenar el cambio no autorizado de uso de suelo.
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Este mecanismo busca avanzar en la protección efectiva de las selvas y el patrimonio natural de la entidad, para poder garantizar su conservación para las generaciones venideras.
En la reunión participaron representantes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del estado, la Fiscalía General de la República (FGR), la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (PPA), la delegación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y la Guardia Nacional, entre otros organismos clave.
Mariana Boy Tamborrell, titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), destacó que uno de los factores principales que afecta a las selvas y bosques en la región es el cambio de uso de suelo sin la debida autorización, lo cual genera pérdidas considerables en biodiversidad, afecta los recursos hídricos y altera la regulación climática local.
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Señaló también que en las recientes intervenciones se hallaron desmontes que alcanzan hasta mil hectáreas, en donde la vegetación original fue retirada, quemada, así como reemplazada por diferentes monocultivos intensivos que utilizan químicos sin los permisos correspondientes.
Por su parte, Óscar Rébora, titular de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA) de Quintana Roo, informó que el estado fortalecerá su capacidad técnica para el monitoreo, verificación, documentación, así como denuncia de actos ilegales, con especial un énfasis en zonas catalogadas como de alto riesgo para la deforestación.
Entre estas acciones destacan áreas impactadas por actividades agropecuarias y ganaderas, particularmente de comunidades menonitas, cuya huella ambiental ha sido identificada en diferentes puntos del estado.