Autoridades estales y federales aseguraron un predio entre Bacalar y Othón P Blanco con el objetivo de frenar la devastación ambiental provocada por prácticas agrícolas de comunidades menonitas, quienes han sido responsables de una gran desforestación y transformación del entorno selvático en tierras agrícolas sin los debidos permisos.
Este operativo responde a la tala ilegal de más de 30 mil hectáreas de selva, que se han convertido en tierra de cultivo sin autorizaciones correspondientes.
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La gravedad del impacto ambiental es tal que, por instrucción directa de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), se han intensificado las redadas de inspección, clausura de predios y multas en la zona sur del estado.
Oscar Rébora Aguilera, titular de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA), subrayó recientemente el desgaste acelerado de los ecosistemas vitales que se encuentran en la región sur del estado. Más allá de la deforestación, el daño incluye: alteración del equilibrio ecológico, desaparición de flora protegida bajo normas federales, así como notable fragmentación en hábitats naturales.
Lamentó que, pese a las quejas públicas realizadas en administraciones previas, las autoridades no implementaron medidas concretas para detener la expansión descontrolada de los métodos agrícolas de las comunidades menonitas. “El reto ahora es restaurar lo perdido, pero también sentar un precedente para que este tipo de agresión ambiental no vuelva a repetirse”, señaló.
La SEMA y Profepa resaltaron el uso excesivo de agroquímicos y pesticidas altamente agresivos en los suelos desforestados. Según informes oficiales, aunque los productos estan permitidos legalmente, su aplicación masiva y sin controles adecuados ha dejado tierras prácticamente inservibles para la agricultura y acelerado el proceso de degradación del suelo.
Especialistas advierten que estas sustancias, sumadas a los residuos de la actividad ganadera, se filtran a través del subsuelo y terminan contaminando mantos acuíferos y lagunas, poniendo en riesgo la viabilidad a largo plazo del ecosistema de la Laguna de Bacalar, conocida internacionalmente por su biodiversidad y belleza natural.
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El reciente operativo se desarrolló en el marco de una mesa técnica interdisciplinaria conformada por Semarnat, Profepa, la Procuraduría estatal y expertos en restauración ambiental, con el propósito de atender casos de daños ecológicos graves de manera coordinada y efectiva.
Entre los principales objetivos de esta estrategia se encuentran asegurar predios donde se hayan identificado afectaciones significativas a los ecosistemas, realizar una valoración técnica y científica del impacto ambiental generado y conformar expedientes jurídicos sólidos que permitan el desalojo de invasores, así como propietarios que incumplen la normatividad. Además, se diseñan planes de restauración de suelos para su reforestación, considerando tanto la recuperación del componente forestal como la mejora en la calidad del agua y la restauración de la biodiversidad perdida.
