Sector hotelero del Caribe Mexicano rechaza aumento en 25% de cobro local a turistas, VISITAX, así como fungir como intermediarios para el pago. Es la primera vez que rechazan abiertamente políticas en materia turística del Gobierno estatal.
El Consejo Hotelero del Caribe Mexicano agrupa a las Asociaciones de Hoteles de los distintos destinos turísticos de Quintana Roo, un sector que integra más de 138 mil habitaciones, generando 20 mil 500 millones de dólares en divisas y que representa 303 mil 600 empleos directos y más de 400 mil indirectos en el estado.
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El gremio puntualizó que manifiesta su profunda preocupación ante la iniciativa del Gobierno del estado para incrementar 25% el pago del derecho y obligar a hoteles y prestadores de servicios turísticos a fungir como retenedores y responsables solidarios del cobro.
“Lejos de fortalecer la recaudación, la medida compromete la competitividad de la entidad, vulnera la certidumbre jurídica de hoteles, prestadores de servicios turísticos —convertidos indebidamente en retenedores—, así como de inversionistas, proveedores, visitantes y trabajadores, y amenaza al principal motor económico de Quintana Roo”, señalan.
Mientras que representantes del Gobierno del estado, les han dicho que “están abiertos al diálogo”.
El VISITAX entró en vigor en Quintana Roo desde 2022. El monto de cobro asciende a 224 pesos mexicanos, equivalente a aproximadamente de 10 dólares.
Su recaudación se implementó a través del portal VISITAX, el cual permite el cobro desde el momento en que se reserva un paquete vacional, durante la estancia de los turistas o al abandonar la entidad; tiene carácter de obligatorio para todos los visitantes extranjeros, excepto aquellos menores de 15 años. No aplica al turista nacional.
Resaltaron que el cambio no es mayor recaudación, sino que tiene afectaciones operativas inmediatas; además de que es un castigo al modelo multidestino y a negocios familiares.
“En destinos como Chetumal o Bacalar, el cobro del VISITAX a una pareja, puede equivaler a casi una noche completa de hospedaje. Esto afecta de forma desproporcionada a los hoteles accesibles y a negocios familiares, y poniendo en riesgo el futuro del modelo multidestino que distingue al Caribe Mexicano”, aseguran.
Violación a principios de legalidad
En su posicionamiento aseguran que la propuesta viola principios constitucionales de legalidad, proporcionalidad y equidad. De hecho, citan que “la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece que la responsabilidad solidaria requiere una vinculación directa con el hecho imponible”.
“Pretender que los hoteles recauden un impuesto por el uso de infraestructura pública, un hecho que es ajeno al servicio de hospedaje, es una delegación indebida de atribuciones del Estado y, por ende, inconstitucional”, subrayaron.
Preocupa en Cozumel
La propuesta también preocupa por su posible efecto en la llegada de visitantes y en la experiencia del turista, especialmente en Cozumel, donde los empresarios temen que provoque confusión, costos inesperados y afecte la competitividad regional.
Actualmente, el VISITAX se paga digitalmente antes o durante la visita. Con la iniciativa, la recaudación recaería sobre negocios no diseñados para funciones fiscales, que asumirían responsabilidad directa ante el Servicio de Administración Tributaria, aumentando riesgos de retrasos, errores o cobros duplicados.
Hoteleros señalaron que el incremento llega en un momento sensible, pues las tarifas se fijan con anticipación y no pueden absorber el aumento, lo que podría encarecer la visita sin aviso previo y afectar la percepción del destino.
En Cozumel, la situación es crítica por su dependencia del turismo de cruceros y visitantes que pernoctan en la isla. Los empresarios advierten que sobrecostos por insularidad, transporte y servicios ya elevan los precios, y un nuevo impuesto podría desviar turistas hacia otros destinos del Caribe más competitivos.
El Consejo Hotelero del Caribe Mexicano hizo un llamado urgente al Gobierno estatal para reconsiderar la medida, ya que podría generar pérdidas económicas, reducir la competitividad y desincentivar inversiones.
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Postura unánime de Holbox
La Asociación de Hoteles de Holbox se sumó al rechazo, destacando el daño a la competitividad, la violación de principios constitucionales y la afectación a la experiencia turística. Manifestaron su total apoyo al Consejo Hotelero y solicitaron al gobierno revisar la propuesta, buscando mecanismos de recaudación que no comprometan la competitividad ni trasladen responsabilidades fiscales indebidas.
Los hoteleros coincidieron en que la iniciativa es inconstitucional, perjudica a un sector clave en la recuperación económica estatal y socava la confianza esencial para el desarrollo sostenible del turismo en Quintana Roo.
