Trabajadores del Parque Nacional del Jaguar en Tulum denunciaron una serie de despidos que consideran injustificados y que, según afirman, podrían constituir violaciones a sus derechos laborales. Los casos reportados tienen un patrón común: empleados que presentaron incapacidades médicas expedidas por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) fueron dados de baja por supuesta entrega extemporánea de los documentos, a pesar de que estaban bajo tratamiento médico.
De acuerdo con testimonios y audios difundidos, al menos dos trabajadores intentaron justificar la entrega de certificados médicos con fechas retroactivas, avaladas por el ISSSTE, que cubrían los días en que estuvieron incapacitados. En la grabación, un mando del parque responde: “Ya el sistema la dio de baja… yo únicamente los doy falta. Yo aquí ya no puedo regresarlos, sigan el proceso que tienen que hacer”.
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Los empleados señalan que las incapacidades fueron entregadas dentro del rango permitido por el instituto de salud, pero aun así se procedió a su baja definitiva. También denuncian que este tipo de medidas no es un hecho aislado, sino parte de un manejo administrativo que califican como arbitrario, bajo un mando militarizado y sin representación sindical clara.
Al intentar acudir a la Junta de Conciliación y Arbitraje de Quintana Roo, se les informó que el organismo no tiene competencia por tratarse de una instancia federal. Esto obliga a los afectados a trasladarse a Ciudad de México para presentar su caso, lo que representa un gasto que muchos no pueden cubrir.
Ante esta situación, los trabajadores solicitan la intervención de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), así como de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), para investigar posibles violaciones a sus garantías laborales y humanas.
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El Parque Nacional del Jaguar ha sido promovido como un ejemplo de turismo sustentable del gobierno federal. Sin embargo, los empleados sostienen que detrás de esta imagen oficial existe precariedad laboral, contratos temporales sin transparencia y un manejo administrativo que no considera la condición humana de los trabajadores.
Los afectados piden ser reinstalados, recibir los pagos pendientes y que se revisen los protocolos internos para la recepción de incapacidades médicas, con el fin de evitar que se criminalice a quienes se ausentan por motivos de salud.
