La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no descartó que el Estado indemnice a la concesionaria Desarrollos Hidráulicos de Cancún (Aguakan) si se concreta el retiro de la concesión del servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento en Benito Juárez, Isla Mujeres, Playa del Carmen y Puerto Morelos.
La mandataria fue consultada en su conferencia de prensa de la mañana de este jueves sobre la petición ciudadana y de colectivos de Quintana Roo de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atraiga el caso del amparo solicitado por Aguakan a fin de que no le retiren la concesión en esos 4 municipios.
Noticia Destacada
“No hay agua, pero si llegan los recibos": Cancunenses exponen a Aguakan por el aumento de tarifas pese al servicio deficiente
“Se consideran dos rutas para abordar el caso: investigar el otorgamiento de la concesión y explorar una compra acordada, dependiendo de la viabilidad jurídica”, subrayó la mandataria y garantizó un examen riguroso de la concesión de Aguakan en Quintana Roo.
La presidenta sostuvo que, en coordinación con la gobernadora Mara Lezama y autoridades de los 4 ayuntamientos, se revisan las implicaciones de un posible cambio en la concesión para garantizar que cualquier decisión tenga sustento jurídico.
Reiteró, además, su postura de que el servicio no debería volver a concesionarse a otra empresa privada y que lo ideal es que lo preste el Estado, al considerar que “no se puede hacer negocio con el agua”.
Aguakan opera desde 1993 en Benito Juárez e Isla Mujeres y, desde 2014, en Puerto Morelos y Playa del Carmen, una de las zonas de mayor crecimiento urbano y turístico del país.
En estos municipios se estima que más de 350 mil tomas domiciliarias abastecen a cerca de 1.5 millones de habitantes permanentes, sin contar la población flotante que generan millones de turistas cada año.
Noticia Destacada
Gobernadora de Quintana Roo denuncia llamadas de “gente poderosa" para sucumbir del caso de Aguakan
Los datos financieros contrastan con las quejas ciudadanas. De acuerdo con reportes a la Bolsa Mexicana de Valores, la empresa informó ingresos superiores a los mil millones de pesos en 2024, ubicándose entre las concesionarias de agua más rentables del país, con tarifas consideradas de las más altas en México y América Latina.
En el otro extremo, usuarios y colectivos documentan interrupciones frecuentes del servicio, cobros que califican como excesivos y deficiencias en plantas de tratamiento de aguas residuales, señaladas por descargar efluentes con niveles de saneamiento por debajo de lo esperado en zonas urbanas y costeras.
Para Óscar Ornelas, de la agrupación Asamblea Social del Agua, el debate se centra ahora en si la revisión legal derivará en la cancelación de la concesión, una compensación económica a la empresa o un rediseño del modelo de gestión del agua en el norte de Quintana Roo.