La Procuraduría de Protección al Ambiente (PPA) detectó diversas irregularidades en la operación de los sitios de disposición final de residuos en los municipios Tulum y Othón P. Blanco, específicamente en los rellenos sanitarios de Chetumal y El Cafetal.
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Derivado de estas anomalías, se mantienen procedimientos administrativos abiertos, por lo que las autoridades municipales deberán solventar las observaciones establecidas en los resolutivos correspondientes o enfrentar sanciones económicas.
En el caso del municipio capitalino, las multas podrían oscilar entre los 2 y 3 millones de pesos, monto máximo contemplado en el tabulador, mientras que para Tulum la sanción podría alcanzar alrededor de un millón 300 mil pesos.
El titular de la Procuraduría de Protección al Ambiente en Quintana Roo, Alonso Fernández Lemmen Meyer, informó que se realizan inspecciones permanentes en los rellenos sanitarios municipales con el objetivo de verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental y prevenir afectaciones como la contaminación generada por lixiviados.
Mientras que en contraste con la situación de Chetumal y Tulum, el funcionario aseguró que los sitios de disposición final de Playa del Carmen y Cancún operan dentro de los parámetros ambientales establecidos.
En el caso de Benito Juárez, destacó que, a diferencia de administraciones pasadas —cuando incluso se registraron clausuras— actualmente el manejo de residuos se realiza de forma más adecuada y conforme a la legislación vigente.
Precisó que algunos rellenos se encuentran en condiciones óptimas, mientras que otros presentan deficiencias. Detalló que los de Chetumal, El Cafetal y el antiguo de Tulum continúan sujetos a procedimientos administrativos, los cuales podrían derivar en sanciones económicas.
Alonso Fernández subrayó que el relleno sanitario de Playa del Carmen se encuentra en mejores condiciones que el del resto de los municipios, mientras que el de Cancún presenta un manejo significativamente más eficiente en comparación con la concesionaria anterior.
El procurador enfatizó que el propósito de estas revisiones no es punitivo, sino preventivo, ya que se busca evitar mayores impactos ambientales y garantizar que todos los operadores cumplan con la normatividad en materia de protección ecológica.
En Cancún, en el 2020, la salida de la empresa Intelligencia México S.A. de C.V., propiedad de Carlos Canabal Ruiz, por incumplimientos en el servicio de recolección, derivó en la contratación de la empresa regiomontana Red Ambiental, vinculada al Partido Verde.
Posteriormente, en el 2023, la clausura del Centro Integral de Manejo de Residuos Sólidos (CIMRS) ubicado en la zona de El Ramal Norte, operado por Promotora Inmobiliaria Majahual S.A. de C.V. (PIMSA), relacionada con el Grupo Sipse, obligó al Gobierno municipal a entregar de manera emergente a Red Ambiental el control total de la recolección y disposición final de residuos, utilizando una celda provisional construida sobre una sascabera, en una zona de recarga acuífera.
Ante este panorama, las autoridades han optado por implementar medidas temporales que solo mitigan el problema durante uno o dos años de cada administración, sin atender soluciones de fondo.
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Esta situación evidencia la urgencia de desarrollar proyectos integrales que permitan una gestión adecuada de los residuos sólidos durante periodos de 10, 20 o incluso 30 años, mediante la construcción de rellenos sanitarios acordes a las condiciones de cada municipio y en estricto apego a la Norma Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003, que regula todas las etapas del proceso: desde la selección del sitio y el diseño, hasta la operación, monitoreo, clausura y obras complementarias.
