Tan solo en enero se abrieron 43 expedientes de atención de personas que padecen adicciones, mientras que durante el 2025 se brindaron cerca de mil 620 consultas externas entre pacientes y familiares. El 61.45% son jóvenes, principalmente de entre 15 y 19 años, en su mayoría estudiantes, reveló Liliam Negrete Estrella, directora del Centro de Integración Juvenil (CIJ).
Reveló que la operación irregular de centros de rehabilitación conocidos como “anexos” en Quintana Roo se ha convertido en una preocupación creciente por las condiciones internas, denuncias de abuso y la débil supervisión institucional y aunque la necesidad de atención por dependencia de estupefacientes va en aumento, expertos de la salud mental y familiares coincidieron en que muchos de estos lugares operan al margen de la normatividad, exponiendo a los internos a riesgos físicos, emocionales y económicos.
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Aumentan atenciones por adicciones y salud mental en Playa del Carmen
Según el Observatorio Mexicano de Salud Mental y Adicciones, en el cierre del año pasado las sustancias más demandadas en Quintana Roo fueron el alcohol, marihuana, metanfetaminas y el tabaco. Esta tendencia coincide con registros del CIJ y del Instituto Municipal contra las Adicciones (IMA) de Benito Juárez.
En los “anexos” han surgido múltiples alertas por presuntas malas prácticas: maltratos físicos y psicológicos, retención de personas en contra de su voluntad, falta de personal especializado y cobros elevados que condicionan la permanencia y salida de los internos, señaló el psicólogo Luis Romo.
Consideró que el fenómeno, lejos de estar plenamente dimensionado, sigue creciendo ante la falta de alternativas públicas suficientes y una regulación que, aunque existe, no se aplica de manera efectiva.
De acuerdo con estimaciones de profesionales de la salud y responsables de centros formales, en Cancún hay más de 45 centros registrados, pero solo una minoría cuenta con licencias sanitarias válidas otorgadas por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) o por la Secretaría de Salud estatal.
“No hay cifras oficiales actualizadas sobre cuántos operan de manera clandestina, pero la percepción generalizada es que son numerosos y proliferan incluso en zonas irregulares”, insistió Romo.
Negrete Estrella advirtió que existe una carencia de regulación efectiva que garantice que estos espacios funcionen con eficiencia, respeto a los derechos humanos y con una perspectiva real de salud.
“Aunque no se cuenta con cifras oficiales actualizadas de cuántos funcionan de manera clandestina, se estima que de los más de 45 centros registrados en Cancún, solo una minoría cuenta con licencias sanitarias válidas”, explicó en coincidencia con otros especialistas, directores de centros y familiares de personas con adicciones.
El psicólogo Luis Romo, sostuvo que la proliferación es evidente.
“Hay tantos anexos en Cancún y Playa del Carmen como tiendas Oxxo. Están por todas partes, muchos en zonas privadas donde es difícil supervisar”, afirmó.
Entre las denuncias más recurrentes están los golpes, la presión mental, encierro y cuotas que pueden alcanzar hasta 15 mil pesos mensuales.
Los testimonios de quienes han pasado por estos lugares retratan un escenario preocupante.
Carlos Hernández Pérez, de 28 años, relató que estuvo internado ocho meses en un anexo en Playa del Carmen.
“Me golpearon por preguntar por mi familia. No había médico, ni psicólogo, solo un hombre que decía ser consejero. Cuando mi mamá no pudo pagar la cuota, me encerraron en una habitación tres días hasta que cubrieron los costos”, contó.
María Guadalupe Sánchez López, de 23 años, ingresó a un anexo en Cancún por consumo de marihuana. “No me dejaban salir, ni hacer llamadas. Decían que estaba en proceso de purificación. Vivíamos en condiciones insalubres, con poca comida y sin atención médica cuando me enfermé”, narró.
Las familias también enfrentaron situaciones límite. Rosa María Díaz García, madre de un joven internado en Puerto Morelos, explicó que pagó 50 mil pesos para entrar y después 12 mil mensuales. “Cuando pregunté por el tratamiento me dijeron que no era asunto mío. Luego me llamaron para decir que mi hijo se había cortado las venas y no sabían cómo atenderlo”, relató.
Javier González Martínez denunció que su hija de 17 años fue internada sin su consentimiento. “Cuando fui a buscarla me negaron el acceso y me dijeron que debía pagar más para que pudiera salir. Tuve que denunciar”, señaló. Ana Patricia Ramírez Cruz, quien afirmó que su hermano salió con hematomas y ansiedad severa. “Nos dijeron que era parte del proceso, pero fue maltrato”, dijo.
Los especialistas advierten que estas prácticas no solo son irregulares, sino peligrosas. La psicóloga Marcela Antonio Joaquín, explicó que muchos centros no utilizan protocolos basados en evidencia. “Esto puede generar daños psicológicos permanentes y aumentar el riesgo de recaída por falta de seguimiento”, afirmó.
El doctor Alfredo Hatchett Anaya, especialista en salud mental, señaló que la retención contra la voluntad de los pacientes vulnera derechos humanos y no favorece la recuperación. “El tratamiento requiere un enfoque multidisciplinario y respeto por la autonomía del paciente”, sostuvo.
Una fuente de la Secretaría de Salud estatal reconoció fallas institucionales. Admitió que existen vacíos en la supervisión por falta de personal y por la dificultad para localizar centros en zonas privadas o rurales. Indicó que en 2025 se cerraron siete centros clandestinos, pero el problema persiste.
Las normas sanitarias obligan a estos establecimientos a contar con licencia, personal médico y psicológico calificado, instalaciones adecuadas, protocolos de atención y respeto a los derechos del paciente.
Sin embargo, entre los incumplimientos más comunes destacan la ausencia de permisos, la falta de registros médicos, la carencia de especialistas y la inexistencia de medidas de bioseguridad.
“El motivo principal de consulta es el consumo de mariguana, seguido de cocaína y estimulantes como el cristal. En sustancias permitidas, el alcohol lidera el consumo, y Quintana Roo está entre los estados con mayor prevalencia”, señaló.
También alertó sobre el aumento en el uso de ayahuasca entre jóvenes, una sustancia psicoactiva que produce estados alterados de conciencia y efectos físicos intensos.
Luis Fernando Ruiz Velasco, director del centro “Un Nuevo Amanecer”, explicó que la demanda por tratamiento ha crecido de manera sostenida en los últimos años. Con más de una década de operación, afirmó que anteriormente predominaban el alcohol y la mariguana, pero en los últimos cinco años el cristal y las metanfetaminas se han convertido en las sustancias más consumidas.
Describió la metanfetamina como un estimulante altamente adictivo que altera severamente la química cerebral y provoca daños físicos y mentales.
Subrayó que la resistencia a recibir ayuda sigue siendo uno de los principales obstáculos para las instituciones formales.
Su centro es uno de los pocos con certificaciones. Opera con una cuota de recuperación de 500 pesos semanales, insuficiente para cubrir los gastos, pese a que ofrecen alimentación, atención psicológica, acompañamiento familiar y actividades terapéuticas durante al menos seis meses de tratamiento.
Explicó que la adicción debe entenderse como una enfermedad. “Cuando avanza, la capacidad de tomar decisiones se bloquea. Internar no es un castigo, es un acto de protección. Debe hacerse con consentimiento y con profesionales especializados”, enfatizó.
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En Quintana Roo existen alternativas públicas, pero son insuficientes ante la demanda: los cuatro Centros de Integración Juvenil en Cancún, Chetumal, Cozumel y Playa del Carmen; ocho Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones; servicios del IMSS e ISSSTE; y el Centro de Rehabilitación Integral Municipal de José María Morelos, remodelado en 2024.
Aun así, muchas familias recurren a anexos por desesperación. “La demanda supera la capacidad institucional y eso empuja a las familias hacia opciones de riesgo”, dijo Rosa María Díaz García.
Negrete insistió en que se requiere mayor inversión pública, supervisión constante y campañas para que las familias identifiquen centros legales. “La salud mental y las adicciones son un problema colectivo. No podemos permitir que quienes buscan ayuda terminen siendo víctimas de abusos”, concluyó.
El crecimiento de los anexos, su operación irregular y la limitada vigilancia sanitaria reflejan una deuda pendiente del sistema de salud: atender las adicciones con enfoque profesional y humano antes de que la desesperación empuje a las familias hacia lugares donde la recuperación puede convertirse en otro riesgo, insistió el psicólogo Luis Romo.
