Cobros ilegales, amenazas y silencio institucional marcan el panorama en esta ciudad, donde comerciantes denuncian que las mordidas del personal municipal son una práctica cotidiana. La ausencia de una estrategia para erradicarlas genera descontento, especialmente a fin de año.
José Luis Méndez Ramírez, comerciante de alimentos en la Supermanzana 94, afirmó que inspectores de Comercio y Fiscalización le exigieron hasta 3 mil pesos para evitar una clausura por supuestos incumplimientos. “Siempre encuentran algo. Si no pagas, amenazan con decomisos; uno accede por miedo”, relató. Señaló además que algunos funcionarios acuden diariamente a consumir productos sin pagar, e incluso solicitan alimentos para llevar sin costo alguno.
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Una situación similar reportó María del Carmen Ucán Pech, vendedora ambulante en el centro de la ciudad, quien aseguró la entrega de mil 500 pesos a personal municipal para continuar con su labor. “Cada fin de año incrementan la presión; saben que las ventas suben y se aprovechan”, se quejó.
Por su parte, José, un lustrador de calzado, mencionó que los inspectores exigen hasta 300 pesos diarios, suma que en ocasiones supera los ingresos de toda la jornada.
Los “viene-viene” o personas dedicadas a ayudar con el estacionamiento, malabaristas en semáforos y hasta limpiaparabrisas señalaron que también deben realizar pagos irregulares para que las autoridades les permitan trabajar.
En el ámbito de Tránsito y policía municipal, las acusaciones se repiten. Rubén Castillo Flores, automovilista, indicó que durante el operativo Radar, agentes le solicitaron 2 mil pesos para evitar una infracción.
“Aseguran que no hay multas, tal como lo afirmó la alcaldesa Ana Patricia Peralta, pero en la vía pública la realidad es distinta. Detienen el vehículo e insinúan un arreglo”, comentó Castillo. Para los habitantes, la corrupción es un problema compartido. “Para que exista el soborno se necesitan dos personas, pero el poder lo ostenta el uniformado”, expresó Leticia Gómez Alcocer, vecina de la Región 103.
Otro punto constante de quejas es el Registro Civil, donde los usuarios reportan cobros extraordinarios por trámites con tarifas fijas. Eduardo Noh Tun, padre de familia, afirmó que le solicitaron hasta 4 mil pesos para agilizar la entrega de un acta. “Si no pagas, postergan el documento por semanas”, manifestó.
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Dependencias como Siresol y Protección Civil también figuran en los señalamientos. Juan Manuel Ortega Salas, propietario de una ferretería, dijo pagar 10 mil pesos para evitar el cierre de su negocio por presuntas irregularidades. “No ofrecen explicaciones, sólo piden cooperación”, señaló.
La percepción ciudadana coincide en que cada cierre de año se repite el mismo patrón de abuso mientras la autoridad municipal mantiene hermetismo.
