
El asesor legal de varias familias de la colonia irregular Electricistas, de la Región 245, que se encuentra en Ciudad de México, indicó a PorEsto! que todavía no les dan una fecha para la mesa de diálogo con el director del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, Alberto Becerra Mendoza, y con autoridades del Servicio de Administración Tributaria (SAT), donde está asentada toda la información del fraude de un ejidatario y del embargo precautorio de sus predios. La promesa es que sea a más tardar la próxima semana, antes de su retorno a Cancún.
Aclaró que ninguna autoridad en Quintana Roo les ha llamado para saber cómo van los casos.

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Mientras tanto, el resto de los afectados sigue realizando sus actividades cotidianas, pero están atentos a las notificaciones que les reporten los representantes vecinales que viajaron con el abogado Abel Bonal.
“Cada día nos informan si hay avances o para comentarnos lo que sigue. Sabemos que va todo bien, pero habrá que esperar a las próximas reuniones. Fue lo más atinado que pudimos hacer, porque no podemos seguir viviendo angustiados, esperando solamente a que nos quiten nuestros terrenos”, coincidieron algunos habitantes.
“Compramos bien, sólo queríamos un lugar para vivir, llevamos 18 años o 20 años ahí y no es justo. No sabíamos del problema que había, hasta que fuimos a escriturar nos dijeron que esos terrenos habían sido embargados, y ahora lo que dicen los nuevos compradores es que quieren renegociar con nuestros propios terrenos. Pretenden 700 mil pesos, cuando a nosotros nos costaron 155 mil”, recordaron otros vecinos.

En días pasados, el asesor expresó su satisfacción por las facilidades que han brindados las autoridades federales para que las pláticas lleguen a buen puerto, ya que se analizarán las diferentes vías para solucionar la certeza jurídica de las tierras, luego de que fueron defraudados por un ejidatario.
Se reunieron con la directora de la Secretaría de Atención Ciudadana, Adriana Contreras Vera, quien los escuchó y puntualizó que la encomienda de la presidenta Claudia Sheinbaum es que se les apoye.

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Muchas personas adquirieron sus predios desde 2007, en aproximadamente 150 mil pesos, prácticamente todos terminaron de pagar, pero no pueden hacer los trámites ante el Registro Público de la Propiedad. En el 2017 se enteraron que los lotes fueron embargados por el SAT desde 2011, por una aparente deuda del ejidatario que les vendió, pero nadie les notificó y comenzó el “viacrucis”.
A pesar del embargo, el comunero les seguía cobrando cada mes, incluso, mencionaron que uno de los habitantes tuvo que negociar y volver a comprar su terreno para evitar un posible desalojo.