Durante el primer trimestre de 2025 se registraron 5 mil 846 casos de féminas agredidas en el estado, una cifra que alarma a las autoridades debido a su posible duplicación en los próximos informes, así lo dio a conocer la Secretaría de la Mujer de Quintana Roo.
Según datos del Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (Baesvim), del total reportado en estos primeros tres meses, 5 mil 356 casos corresponden a agresiones familiares; 297 a incidentes en comunidades; 114 a violencia digital; 56 laboral; 11 escolar; 10 a abuso institucional y uno obstétrico.
Además, Quintana Roo se posiciona en el tercer lugar nacional en llamadas de emergencia relacionadas con violencia de pareja, con un total de 12 mil 380 casos, según estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) publicadas en mayo. A nivel nacional, el estado ocupa el primer lugar en tasa por cada 100 mil habitantes, un indicador alarmante sobre la violencia de género en la región.
El aumento en la violencia se atribuye en gran medida al temor de las víctimas a denunciar, lo que dificulta la atención y el acceso a la justicia. Para revertir esta situación, la Secretaría de la Mujer, liderada por Esther Burgos Jiménez, implementará medidas de prevención, con un enfoque especial en la educación para evitar que la violencia se normalice desde edades tempranas.
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“Desde el año pasado iniciamos la estrategia de Alianza por la Igualdad, que nos sirve precisamente para tener un panorama de lo que está sucediendo. En este caso, nos enfocamos en la educación media superior, dado el elevado número de casos de violencia en este sector educativo. Más allá de las cifras que nos puedan proporcionar el Baesvim o cualquier otra estadística, esta estrategia busca acercarnos a las jóvenes para entender si hay muchas o pocas denuncias, e incentivarlas a denunciar para que no perciban la violencia como algo normal”, señaló la entrevistada.
Con la actualización de los datos pendiente para los meses de abril a julio de 2025, las autoridades advierten que las cifras podrían duplicarse, lo que subraya la necesidad urgente de políticas públicas efectivas y apoyo integral a las víctimas para hacer frente a esta problemática.