Tragedia como negocio: Acusan actos de complicidad entre Tránsito y aseguradoras de Cancún

En el destino se han documentado casos en los que agentes de Tránsito y representantes de aseguradoras, presuntamente actúan en complicidad cuando ocurre un accidente vial. Existen testimonios de automovilistas que han sido afectados o favorecidos con esos fallos, ya que aseguran que las ganancias son cuantiosas, sobre todo cuando hay lesionados, pues las instituciones, acusaron, condicionan al agraviado a firmar un desistimiento de la responsabilidad para que reciba atención médica.

En enero de este año, en Quintana Roo se registraron 557 reportes ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), de los cuales, el 12.3% (69) fueron contra aseguradoras.  

Esas prácticas, acusaron los agraviados, evitan pagos justos a los afectados. El ejemplo más cercano sucedió el pasado 6 de julio, cuando se registró un accidente en una “combi” sobre la avenida Miguel Hidalgo, en Cancún, cuya aseguradora condicionó la firma del perdón para los pases médicos y la atención de los pasajeros lesionados, y que, por desgracia, cobró la vida de una persona luego de tres días de luchar por su vida.

Se trata de José Anizeto, de 59 años, quien murió tres días después del percance, y la aseguradora Quálitas no se pronunció al respecto.

El fatal percance

En el incidente del 6 de julio, que dejó un muerto, el peritaje elaborado por la Dirección de Tránsito de Cancún, señaló al chofer de la “combi” como presunto responsable; sin embargo, las autoridades continúan con las investigaciones para deslindar responsabilidades.

Mientras, dirigentes del Sindicato de Taxistas “Andrés Quintana Roo” -que aglutina también a las vans de Maya Caribe-, cuya unidad se vio involucrada en el percance, se limitaron a publicar un escueto comunicado en el que manifestaron su postura en el sentido de colaborar con las autoridades.

Aseguraron que el conductor tenía sus documentos al día y que la unidad contaba con póliza de seguro, pero jamás indicaron que apoyarían a la familia de los lesionados y de la persona fallecida.

El 10 de julio pasado, personal del Comité Ejecutivo y la Dirección de TTE encabezó operativos de “seguridad” en algunas “combis” del sindicato, supuestamente con el objetivo de garantizar la protección de los usuarios.

A pesar de su intención, no se subieron a las unidades, ni detectaron el sobrecupo y mucho menos se percataron de las pésimas condiciones en que se encuentran las camionetas, en un afán de “tapar el sol con un dedo”.

Presión ciudadana

En redes sociales, la gente expresó su indignación por este caso, que no es aislado y que involucra no sólo a varias aseguradoras, sino también a distintas autoridades.

Entre los principales señalamientos ciudadanos estuvieron las fallas y omisiones de las autoridades municipales, por los semáforos inservibles; las direcciones de Tránsito, Transporte y Vialidad, por no poner orden con los choferes; las concesionarias, que no capacitan a sus conductores ni entienden que las “combis” deben ser sustituidas por autobuses; y la Fiscalía General del Estado (FGE), que, según acusaron, es la que menos procura justicia.

“Lamentablemente, el papá de mi concuña falleció. No logró sobrevivir a tantas fracturas. La aseguradora se comunicó con sus hijos y supuestamente se haría responsable de los gastos, pero se han deslindado nuevamente… Esto no se puede quedar así. ¿Dónde están las autoridades? Ya basta de tantas injusticias”, escribió una mujer cercana a la familia.

“Basta de que los choferes hagan su regalada gana al volante, sin importarles las vidas que llevan. ¿Cuántos más tienen que morir así? Se hace un llamado a la Gobernadora para que tome cartas en el asunto, que responda la aseguradora Quálitas y que el chofer de la unidad no salga libre”, dijo.

“Era sólo una cuestión de reemplazar unas luces del semáforo y ¿por qué esperaron hasta que ocho personas terminaran lesionadas y una fallecida en este cruce?”, cuestionó otro cibernauta.

“Dejaron el semáforo cuatro meses colgado de sus cables y después del terrible accidente en un día van y lo cambian. Son unos irresponsables”, fue otro de los cientos de comentarios de la gente enfurecida.

Ciudadanos aseguraron que nadie pone un alto a los choferes de las “combis” que todos los días provocan accidentes, circulan con sobrecupo y más personas resultan lesionadas; además, acusaron a los concesionarios, que “lejos de sacarlas de circulación y meter nuevamente camiones, sólo ven cómo se caen a pedazos esas viejas y chocadas unidades”.

Otro atropello

En noviembre pasado, una mujer, de nombre Cecilia H. M., fue atropellada en Chetumal por un adolescente (Rodrigo G); presuntamente la dejó tirada y huyó, pero motociclistas que presenciaron el percance lo alcanzaron y lo retuvieron hasta que llegaron los agentes de Tránsito.

Según los testigos, la madre del muchacho habría sobornado a los oficiales, logrando que lo dejaran en libertad.

Ciudadanos acusaron que las compañías de seguros y las propias autoridades han demostrado que lo que les importa es lucrar con el dolor ajeno, condicionando la atención médica de las víctimas, obligando a familiares o a los propios agraviados a firmar el famoso deslinde de responsabilidades, en lugar de priorizar la salud.

En el caso del percance en Chetumal, se mencionó también a la compañía Quálitas de proteger los intereses del responsable, quien aparentemente conducía bajo los efectos del alcohol y se pasó el alto al momento del accidente, mientras que la mujer arrollada fue hospitalizada.

Además, señalaron que personal de la FGE nunca tomó medidas para arrestar al presunto responsable ni investigó a los policías de Tránsito que lo dejaron ir.

Cecilia presentó múltiples fracturas, fue sometida a varias operaciones y aún necesita más intervenciones debido a un pulmón perforado.

Testimonio

Casos como este son incontables, por lo que PorEsto! se dio a la tarea de investigar más a fondo y obtuvo el testimonio de otro afectado.

“Un pariente chocó una camioneta de frente contra un coche, se bajó para ver cómo estaba la señora, ella dijo que bien, pero luego se hizo la desmayada cuando llegaron Tránsito y la aseguradora; llamaron a la ambulancia y le dijeron ‘te va a salir caro, chavo, por las lesiones’”, aseguró un ciudadano que prefiere permanecer en el anonimato.

Agregó que, al ser intimidado con llevarlo a la Dirección de Tránsito, llamó a sus familiares, pues le exigían 25 mil pesos para dejarlo ir. Previamente, dijo, el perito de la aseguradora y el oficial ya se habían puesto de acuerdo sobre lo que pedirían y cómo modificarían el peritaje.

Uno de los familiares resultó conocido de un alto mando de la dependencia en Cancún y, cuando llegó al lugar, alcanzó a escuchar al agente decirle al del seguro: “ya se nos cayó el negocio”.

Agregó que, al final de cuentas, ahí quedó el asunto: el conductor se hizo cargo de los daños y de los gastos médicos, que evidentemente fueron menores a la cantidad que pretendían sacar tanto el de la aseguradora como el de Tránsito.

Ciudadanos aseguran que la mala fama de algunos elementos ha provocado que se generalice y que, al escuchar la palabra Tránsito, de inmediato se les relacione con corrupción. Ahora, esa estafeta, acusan, ya se ha pasado también a algunas personas que representan a las aseguradoras.

Estadísticas

De acuerdo con los más recientes datos de la Condusef, entre enero y diciembre de 2024 se atendieron 5 mil 817 quejas en Quintana Roo, lo que representó un aumento del 21.1% respecto a 2023. La entidad concentró el 2.3 por ciento del total nacional; para enero de este año ya acumulaba 557 reportes.

En cuanto a los sectores más señalados, la banca múltiple acumuló el 57.9% de los casos, seguida por las sociedades de información crediticia, el 15.5%, y las aseguradoras, con el 12.3%.

Aunque a nivel nacional Quintana Roo no figura entre los 10 estados con mayor número de incidencias (menos de 100), la situación no deja de ser preocupante.

Personal del sector asegurador en el estado coincidió en que, además de acudir a la Condusef, los afectados pueden presentar sus denuncias en la Unidad Especializada en Reclamos, indicada al final de la póliza.

“No es absolutamente necesario otorgar el perdón; es un derecho del accidentado, y el pase médico debe ser automático, porque así lo establece la ley. Además, si hay un fallecimiento, se debe pagar, y el monto varía según la región. Normalmente va de dos a tres millones de pesos”, declaró uno de los representantes consultados.

Agregó que la indemnización se determina con base en la ocupación de la víctima y cuántas personas dependían de ella.

“En el caso de los vehículos colectivos, todo depende del tipo de cobertura contratada. Para reducir costos, algunas empresas bajan el monto asegurado y eliminan protecciones. No debería ser así, pero es una práctica común”, señaló.

Indicó que, en pólizas colectivas, como las que se aplican a las “combis”, existe un tope por unidad para gastos médicos. Si viajan más pasajeros de lo permitido, ese monto debe dividirse entre ellos.

 “Por ejemplo, si el límite es de 500 mil pesos y hay exceso de ocupantes, la diferencia debe cubrirla la empresa transportista, no la aseguradora. Por eso los afectados deberían reclamar directamente a la concesionaria, ya que las pólizas tienen límites”, concluyó.

Actualmente no hay estadísticas recientes disponibles en la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), organismo encargado de la supervisión y regulación del sector. En tanto, la Condusef actúa como mediador en conflictos entre instituciones y usuarios.

Aseguró que ante la CNSF también es posible presentar quejas contra ajustadores, con el fin de que se inicie un procedimiento sancionador y, si procede, se apliquen las medidas correspondientes.

El objetivo de estas acciones es proteger el interés público y garantizar que los agentes actúen conforme a la normativa vigente, según lo establecido en la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas y su reglamento.

Sin embargo, dijo, la comisión no tiene facultades para obligar a los agentes a pagar compensaciones económicas por daños o perjuicios.