El pleno de la XVIII Legislatura del Estado aprobó una reforma de fondo cuyo propósito central es modernizar su documento rector, eliminando expresiones sexistas para transformar su redacción en un reflejo fiel de la diversidad, dignidad e igualdad de todas las personas que integran el Poder Legislativo.
Con ello se busca consolidar al órgano legislativo como una institución de vanguardia, comprometida con los derechos humanos, afirmaron los diputados.
La reforma no se limita a ajustes menores, como cambiar ocasionalmente “diputados” por “diputadas y diputados”.
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Por el contrario, contempla una revisión exhaustiva de todo el articulado, con el fin de erradicar usos androcéntricos generalizados, por ejemplo, el masculino genérico y reemplazarlos por fórmulas que nombren a todas las personas con exactitud y respeto.
El objetivo es institucionalizar mecanismos lingüísticos reconocidos en la redacción jurídica que garanticen visibilidad y no discriminación.
La reforma al lenguaje legislativo apunta a algo más profundo que cambios de palabras, se trata de reconocer la presencia, la dignidad y los derechos de todas las personas, independiente de su género, en un entorno normativo que históricamente favorecía la invisibilización del sexo femenino u otros géneros.
Al alinearse con movimientos recientes en otros congresos estatales, la XVIII Legislatura se suma a una tendencia hacia normas más igualitarias.
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Por su parte, la redefinición de la fiscalía especializada simboliza un compromiso institucional reforzado hacia quienes no pueden defenderse por sí mismos, los animales.
En un país donde cada vez más entidades legislan para tipificar el maltrato animal como delito y sancionar seriamente su práctica, este paso local adquiere relevancia.
En la sesión ordinaria número 28, se aprobó además una reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado para modificar la denominación de la actual Fiscalía Especializada en Combate a los Delitos Ambientales, la Fauna y el Desarrollo Urbano por el de “Fiscalía Especializada en Combate a los Delitos Ambientales, Protección Animal y el Desarrollo Urbano”.
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La medida no solo fortalece el marco institucional para la atención de delitos de maltrato y crueldad animal, sino que también contribuye a la generación de una cultura de respeto y responsabilidad hacia los seres sintientes.
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