A dos controversiales proyectos inmobiliarios Maiim y Adamar que se edifican en Bahía Solimán, en Tulum, les fue negado su autorización ambiental por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), hecho público en los resolutivos publicados este viernes en la Gaceta Ecológica.
Ambos proyectos, sin embargo, ya estaban en construcción antes de contar con autorización, lo que derivó en sanciones y procesos judiciales. Al respeto, la representante de la asociación Defendiendo el Derecho a un Ambiente Sano (DMAS), Antonella Vázquez consideró que se vive en “un mundo al revés”, ya que desde 2024 interpusieron denuncias por el desarrollo Adamar.
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Fue hasta que el aseguramiento del inmueble por parte de la Fiscalía General del Estado, en septiembre pasado, cuando logro por merinera vez, desde 2023 cuando inicio la obra, que se suspendieran los trabajos. El Condominio Maiim, promovido por la empresa Promotora de Incentivos México S.A. de C.V., se edifica en el predio Tankah IV sobre una superficie de 3,144 metros cuadrados.
El complejo incluye 38 departamentos distribuidos en tres edificios, además de alberca, restaurante, gimnasio y áreas comunes. De acuerdo con la Manifestación de Impacto Ambiental, la obra ya había sido construida y sancionada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), que obligó al promovente a someter el proyecto al procedimiento de evaluación ambiental posterior a la edificación.
En el caso del Condominio Adamar, desarrollado por Desarrollos Tulum Dieciséis S.A.P.I. de C.V., la situación es aún más compleja. Este inmueble, ubicado también en Tankah IV y con una superficie de 750 metros cuadrados, contempla un edificio de siete niveles con 16 departamentos, áreas comunes y amenidades de lujo, de acuerdo con su Manifestación de Impacto Ambiental.
La Profepa determinó en 2024 que la construcción había dañado 731 metros cuadrados de duna costera, hábitat de tortugas marinas y aves protegidas, e impuso medidas correctivas. El 20 de agosto pasado, el Juzgado Octavo de Distrito en Quintana Roo resolvió ordenar la demolición del desarrollo Adamar, al concluir que transgredió diversas normas ambientales.
