Autoridades lograron resolución judicial para asegurar el inmueble Adamar, un desarrollo inmobiliario en proceso de construcción en Bahía Solimán, en el municipio Tulum.
La denuncia fue presentada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) el pasado 16 de julio en contra de la persona moral “Desarrollos Tulum Dieciséis, S.A.P.I. de C.V.”, conocida comercialmente como Condominio Adamar, por hechos que podrían constituir delitos contra el patrimonio, administración pública, desarrollo urbano y medio ambiente, previstos en diversos artículos del Código Penal del estado de Quintana Roo.
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Juez ordena demolición del proyecto inmobiliario Adamar en Tulum por daños ambientales
En audiencia celebrada el pasado 23 de septiembre, el Juez Penal consideró procedente la solicitud presentada por la Fiscalía General del Estado (FGE), con la participación de la Profepa como denunciante y víctima, al reconocer la existencia de pruebas suficientes para autorizar el aseguramiento inmediato del predio.
Con esta medida, la FGE procedió a ejecutar el aseguramiento, designando a la Profepa como depositaria del inmueble, lo que permitirá garantizar el resguardo del predio y dar continuidad a las investigaciones correspondientes.
El aseguramiento implica que la empresa involucrada no podrá continuar con los trabajos de construcción, en tanto se determinan las responsabilidades administrativas y penales.
Los promoventes de este condominio iniciaron las obras sin la autorización ambiental federalcorrespondiente y continuaron a pesar de las clausuras que les fueron impuestas en diversos momentos, con lo que su actuación fue contraria a la normativa ambiental y leyes estatales y federales, por lo que se constituyeron diversas faltas administrativas e ilícitos contra la biodiversidad.
Antecedentes
En agosto pasado, el Juzgado Octavo de Distrito en Quintana Roo resolvió que la Profepadebe garantizar la restauración ambiental del lote en donde se construyó sin permisos, el complejo condominal Adamar, en la Bahía Solimán de Tulum, lo cual implica que el inmueble debe ser demolido totalmente, informó la organización Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano(DMAS).
La resolución surge del juicio de amparo promovido por un residente de Tulum en contra de la Profepa, debido a que la dependencia omitió cumplir una sentencia que le ordenaba garantizar que el sitio volviera a su estado original, hasta antes de la construcción de los condominios, como medida de restauración ambiental, indicó la abogada de DMAS, Mónica Huerta.
