Quintana Roo está entre los estados costeros que más incumplen las leyes ambientales; además, a nivel nacional, sólo el 10 por ciento de los municipios cuenta con su Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL), lo que genera mayores complicaciones, afirmó Alberto Rojas Rueda, subprocurador de Protección Ambiental de la Profepa.
Entrevistado durante la Jornada de Normas y Acreditación, el funcionario federal evadió pronunciarse sobre el dictamen del Juzgado Octavo de Distrito en Quintana Roo, que ordenó a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente hacer cumplir las medidas correctivas contra el proyecto inmobiliario Adamar, ubicado en Bahía Solimán, en Tulum, lo que incluye su demolición, así como de otras construcciones clausuradas por la dependencia que continúan edificándose.
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Rojas Rueda reconoció que la institución tiene capacidades limitadas para realizar inspecciones. “Aunque tenemos más de 500 inspectores en todo el país, siguen siendo muy pocos para todo el territorio nacional. Y entonces, una de las cosas que hacemos es conformar comités de vigilancia participativa, que en realidad son ciudadanos y ciudadanas con interés en reportar cuando detectan alguna anomalía”, explicó.
En Quintana Roo, diversas asociaciones civiles ambientales han interpuesto denuncias, tanto ante la dependencia como en juzgados, al detectar desarrollos irregulares, sin que se haya logrado contener el avance de las obras ni el daño ambiental.
De acuerdo con organizaciones no gubernamentales como Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano, para presumirse a favor del entorno natural se decretan Áreas Naturales Protegidas (ANP), pero muchas carecen de programa de manejo, lo que las convierte en letra muerta.
En Quintana Roo, se han decretado 226 ANP, pero sólo 125 cuentan con un programa de manejo. Esto significa que no hay reglas claras, existe riesgo para su conservación y se carece de certeza jurídica.
Rojas Rueda calificó como alarmante el panorama respecto a fraccionamientos irregulares, al precisar que, mediante una solicitud directa al órgano de Transparencia, conocieron que en Bacalar hay 10 desarrollos irregulares; en Othón P. Blanco 13; en Isla Mujeres 19; Puerto Morelos reporta cinco, y en Benito Juárez se identifican 20.
Estos desarrollos avanzan sin cumplir con la ley, sin ordenamiento urbano y sin respeto al medio ambiente. Esto implica que no sancionar ni vigilar también constituye un delito, y quienes permiten la venta de fraccionamientos sin permisos deben rendir cuentas.
