La emblemática Quinta Avenida atraviesa una grave crisis de seguridad y extorsión que ha llevado al cierre de aproximadamente 20 establecimientos comerciales sólo en esa zona.
Las presuntas víctimas, quienes prefieren mantenerse en el anonimato por temor a represalias, señalan que los cierres son consecuencia de una triple presión: altos cobros de impuestos, extorsión gubernamental y la delincuencia organizada que exige el pago de derecho de piso.
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La preocupación se agrava al revelarse que agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) estarían al tanto de estas operaciones ilícitas, lo que alimenta la presunción de complicidad y el miedo a denunciar.
El ciudadano Andrés Yupit Segobia afirmó que la delincuencia se ha apoderado de los negocios de la Quinta Avenida. Los propietarios están “atados” y temen denunciar ante las autoridades correspondientes porque “presumen complicidad”.
Yupit Segobia, quien trabajó por años en bares de la zona, relató haber presenciado actividades criminales, e incluso denunció que algunos elementos de la policía municipal estarían implicados en el negocio de las drogas. Estos agentes, según el testimonio, simulan vigilancia, pero en realidad operan como “halcones” para grupos delictivos o para el Ejército Mexicano. Los dueños de los negocios no denunciaron porque están bajo amenazas, revelaron las fuentes.
Moisés Farias Torres describió que, además del derecho de piso que deben pagar a los grupos delictivos de la zona turística, los negocios tienen que pagar otro "derecho de " a los fiscales del Ayuntamiento de Playa del Carmen y a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) del Gobierno del Estado.
Esta extorsión a dos niveles es crítica, obligando a algunos negocios a “bajar sus cortinas” al no ver ganancias. Un artesano anónimo confirmó el control criminal de la Quinta Avenida y lamentó que las autoridades de la SSC conocen las actividades ilícitas, pero “no actúan”. El artesano reveló que algunos colegas cerraron y huyeron de la ciudad por ser obligados no solo a pagar derecho de piso, sino también a vender drogas.
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Andrés Yupit también describió cómo algunos criminales han alquilado locales camuflados como cantinas o bares para la operación de drogas. Esta situación ha derivado en los enfrentamientos y balaceras reportados meses atrás, cuando los rivales llegan a confrontarse.
Ante el colapso de la seguridad y la presunta complicidad, el ciudadano concluyó que la única solución para garantizar la seguridad del turismo y de la población local es la presencia permanente del Ejército para la vigilancia, y el retiro de la policía municipal de la zona.
