El Juez Octavo de Distrito ordenó a dejar sin efectos una licencia de construcción que emitió a favor de un desarrollo ubicado en un ecosistema costero, en Puerto Morelos, por no contar con autorización de impacto ambiental.
Mónica Huerta Solís, abogada del colectivo “Defendiendo el Derecho a un Ambiente Sano” (Dmas) dio a conocer que el proceso legal por parte de este organismo inició en abril pasado y el 30 de septiembre se obtuvo un fallo favorable en el juicio de amparo 473/2025, mediante el cual, el juez federal resolvió anular la licencia de construcción PM-1566, otorgada ilegalmente por el municipio.
“El fallo representa un triunfo de la sociedad civil y de la justicia ambiental frente a los intereses económicos que amenazan nuestros ecosistemas costeros”, afirmó la representante de Dmas.
“Persisten múltiples proyectos que buscan eludir los requisitos legales y presionan a las autoridades para flexibilizar o ignorar la normatividad ambiental”, enfatizó
Señaló que otros proyectos, como Alux 33 y Sole Blu, mantienen actividades, pese a haber sido clausurados por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente(Profepa), derivado a presuntas irregularidades en las autorizaciones otorgadas por las Secretarías de Medio Ambiente (Sema) y la de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (Sedetus).
Recalcó que cualquier desarrollo inmobiliario requiere, como requisito fundamental, la autorización de impacto ambiental, previsto en la legislación ambiental mexicana.
Esta omisión vulnera el derecho constitucional a un medio ambiente sano reconocido en el Artículo 4.º de la Constitución, así como los principios de precaución, prevención, sustentabilidad y justicia intergeneracional.
Mencionó que en abril pasado iniciaron este juicio contra la Sedetus, por no detener una obra que operaba sin permisos.
Además, hubo una querella contra la Semarnat por emitir un “aviso de no requerimiento de la Manifestación de Impacto Ambiental” y contra el Ayuntamiento de Puerto Morelos por emitir un combo de licencias de “demolición, obra nueva y exterior sin una autorización de impacto ambiental”.
Recordó que el colectivo mantiene al menos siete procesos contra diversos desarrollos, principalmente en la zona norte de Quintana Roo, ante la falta de legalidad, destrucción de manglar e invadir zona de anidación de tortugas, entre otros.
El problema, dijo, tiene raíces más profundas, pues consideró que hay permisología laxa, instituciones incapaces de frenar obras irregulares y compradores en desventaja jurídica.
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Los fraudes, aseguró, no sólo afectan al inversionista extranjero, también distorsionan el desarrollo urbano y dejan cicatrices en ecosistemas costeros y selváticos.
Expertos advirtieron que, el mercado inmobiliario de Tulum muestra síntomas de saturación, debido a que la sobreoferta de departamentos, tipo estudio y la desconfianza del comprador reducen la velocidad de venta y derrumban las expectativas de rentabilidad.
Dio una serie de recomendaciones: verificar permisos ante las autoridades locales, no entregar anticipos sin fideicomiso o cuentas de garantía, exigir contratos bilingües con penalidades y acudir siempre ante notario para comprobar la legalidad del predio.