
Tres predios dentro de la Reserva de la Biósfera de Sian Ka’an fueron clausurados por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), luego que resultaron afectados por incendios forestales entre mayo y julio de 2025.
La medida busca impedir usos indebidos del suelo y permitir la recuperación natural de las áreas dañadas por el fuego.

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De acuerdo con la Profepa, los sellos de clausura se colocaron en cumplimiento del Artículo 97 de la Ley General de Desarrollo Rural Sustentable (LGDRS), que prohíbe autorizar cambios de uso de suelo en terrenos forestales dañados por incendios, tala o desmontes, salvo que hayan transcurrido 20 años y se acredite la regeneración de la vegetación.
Los incendios recientes dejaron daños visibles en ecosistemas de alto valor ambiental dentro de la reserva, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

La dependencia advirtió que cualquier actividad distinta a la restauración o al manejo forestal sustentable en los predios afectados podría constituir un delito federal.
No es la primera vez que se aplican este tipo de medidas en Sian Ka’an. En junio de 2015, la Profepa clausuró dos predios en el camino costero Pulticub-Punta Herrero por remoción de vegetación, poda y destrucción de palma chit (Thrinax radiata), especie amenazada según la NOM-059-SEMARNAT-2010.

Estos antecedentes muestran un patrón de intervención ante construcciones irregulares, sobre todo en el polígono de Pulticub-Punta Herrero, área de alta sensibilidad ecológica.
Las clausuras recientes refuerzan y evidencian que la inspección ambiental en Sian Ka’an se mantiene activa, pese a los retos geográficos y sociales de la zona.

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La Profepa llamó a propietarios de terrenos agrícolas, ganaderos o forestales a adoptar prácticas responsables en el manejo del fuego, pues los incendios no controlados siguen siendo una amenaza crítica. También exhortó a la ciudadanía a reportar siniestros al número 01 800 INCENDIO (01 800 46 23 63 46) para agilizar la intervención.
Con estas acciones, la Profepa busca no sólo sancionar infracciones, sino consolidar un esquema de prevención y recuperación ecológica que garantice la regeneración de los bosques y demás formaciones vegetales, en apego a la ley y a los estándares internacionales de conservación.