Hasta el 18 de agosto de 2025, ninguna empresa ha sido inscrita formalmente ante la Secretaría de Economía en Playa del Carmen, a pesar de que la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CANACO SERVYTUR) ha cobrado cerca de cinco mil registros para el Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM), lo que ha generado desconfianza entre empresarios locales, según denunciaron miembros del sector empresarial.
En un informe presentado en junio ante el Consejo Directivo, la directora de la CANACO, María Jesús Morales Velázquez, reconoció que hasta el 26 de junio se habían cobrado 4 mil 992 registros para el SIEM, sin que ninguno de ellos hubiera sido efectivamente capturado en el sistema oficial.
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La justificación planteada fue que el portal de la Secretaría de Economía no estaba disponible para la mayoría de las cámaras, aunque esta explicación no ha logrado disipar las sospechas de irregularidades.
Este contraste resulta aún más preocupante si se considera que la Cámara presume contar con más de 7 mil 500 afiliados acumulados históricamente, pero no ha realizado ninguna inscripción oficial de empresas en el sistema durante el presente año.
Esto indica, más que un problema técnico, un posible abandono intencional de sus responsabilidades, situación que podría configurar un presunto fraude en perjuicio de los comerciantes y empresarios locales, dijeron afectados.
Durante el 2025, únicamente se han registrado 423 nuevas afiliaciones, muchas de ellas derivadas de prácticas cuestionables, como la afiliación obligatoria de estudiantes inscritos en un diplomado inmobiliario para acceder a descuentos, lo cual convierte este mecanismo en una forma indirecta de recaudación de fondos, sin un verdadero interés por fortalecer la red empresarial.
Diversos socios han denunciado que los servicios ofrecidos por la Cámara, tales como asesoría jurídica o contable, se limitan a orientaciones superficiales y, en múltiples casos, los afiliados son referidos a despachos o empresas vinculadas directamente con el presidente, ex presidentes o empleados de la CANACO, lo que genera un evidente conflicto de intereses y posibles implicaciones legales y éticas.
Además, presuntamente existen indicios de que las instalaciones de la Cámara están siendo utilizadas para operar una universidad privada, el Instituto Empresarial Maya-Caribe S.C., en la cual figuran como socios la directora, un expresidente y el actual presidente Adán Toledo Lucero.
Testimonios apuntan a que la permanencia de esta institución educativa en las oficinas de la Cámara responde al temor de perder el Registro de Validez Oficial de Estudios (RVOE) otorgado por la Secretaría de Educación Pública, en caso de cambiar de domicilio. De esta manera, la organización empresarial pública ha sido convertida en una plataforma para intereses particulares.
El registro en el SIEM es un requisito obligatorio para que los comercios puedan operar legalmente en el municipio. La CANACO dispone de una ventanilla dentro de la Tesorería Municipal para facilitar este trámite, sin embargo, ha cobrado por registros que nunca fueron procesados, incumpliendo las normas establecidas por la Secretaría de Economía y dejando a muchos negocios en un vacío legal que podría acarrearles severas consecuencias.