Autoridades de Playa del Carmen confirmaron la ocupación irregular de más de 200 áreas públicas por parte de ciudadanos o empresas privadas durante el primer año de la administración 2024-2027.
De acuerdo con funcionarios del Ayuntamiento, en algunos casos se dialoga con los ocupantes para que desocupen voluntariamente los terrenos; sin embargo, cuando no se llega a un acuerdo, se inician procedimientos legales.
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“En ciertos puntos se tomaron medidas jurídicas y ahora corresponde esperar los tiempos de las instancias competentes”, señalaron.
Consultados sobre la posibilidad de que vecinos puedan adquirir áreas que originalmente forman parte del dominio público y fueron entregadas por desarrolladoras, las autoridades aclararon que esta administración no contempla esa alternativa.
Los espacios deben preservarse como bienes comunes para el beneficio colectivo y no pueden ser transferidos a particulares, independientemente del tiempo que lleven en posesión, mencionaron.
El Gobierno local subrayó que estos lotes son necesarios, ya que están destinados a proyectos comunitarios; por ejemplo, parques o infraestructura urbana.
“Queremos contar con zonas más amplias donde se pueda invertir en beneficio de los habitantes”, apuntaron.
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Entre los casos más comunes se encuentran jardineras que fueron cerradas por residentes para ampliar sus patios. En estas situaciones, se les solicita mantener el acceso libre, ya que son áreas asignadas al uso colectivo.
También se identificaron negocios establecidos en zonas de donación y por ello, la Sindicatura solicitó el respaldo de las dependencias encargadas de regular la actividad comercial, con el objetivo de recuperar dichos espacios.
Uno de los puntos conflictivos es la colonia Villamar I, donde se observó que un ciudadano utilizaba el excedente de una jardinera, contigua a una primaria, para exhibir y almacenar muebles usados provenientes de remates hoteleros.
En Villamar I y II, varios vecinos ocuparon pasillos y servidumbres de paso debido a la falta de vigilancia.