Ciudadanos acusaron que después de un choque vivieron momentos de intimidación por parte de elementos de Tránsito Municipal de Tulum, a quienes acusan de abuso de autoridad, prepotencia y detención arbitraria, tras un accidente vial ocurrido el pasado 14 de enero sobre la Carretera Federal 307, a la altura de un colegio trilingüe.
De acuerdo con la acusación hecha por las personas involucradas, tras impactarse su vehículo contra un poste de concreto, la prioridad de los agentes no fue la atención médica ni la protección de una menor de edad que viajaba en la parte trasera, sino la confrontación directa, el hostigamiento verbal y la amenaza de detención.
“Había una niña atrapada. Aun así, los agentes comenzaron a gritarnos, empujarnos y tratarnos como criminales”, relataron.
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Los quejosos señalaron directamente a la Dirección de Tránsito Municipal y a su titular, a quienes responsabilizan del actuar de los elementos bajo su mando.
Aseguraron que los oficiales de Tránsito nunca explicaron el procedimiento, no permitieron diálogo y actuaron con una actitud que dejó en evidencia falta de sensibilidad y abuso del cargo.
“Nos esposaron, subieron a una patrulla y jamás leyeron nuestros derechos”, afirmaron.
Según su versión, la detención se dio sin que existiera una valoración médica previa, mientras la menor permanecía en estado de crisis tras el impacto.
Los afectados exigieron que se investigue no sólo a los policías que intervinieron, sino también a los mandos responsables, al considerar que este tipo de prácticas se han vuelto recurrentes en operativos de Tránsito.
Autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Tulum emitieron un comunicado en el que informaron que el vehículo involucrado, un Volkswagen Jetta, blanco, se impactó contra un poste y que, al arribar, los agentes detectaron que la conductora y su acompañante presentaban signos evidentes de intoxicación alcohólica.
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Señalaron que en la parte trasera del automóvil viajaba una menor de edad, quien quedó atrapada entre los asientos y fue liberada por los agentes, para después ser canalizada al Grupo Especializado en Atención a Víctimas de Violencia de Género (Geavig), con el objetivo de salvaguardar su integridad.
Indicaron que las personas adultas mostraron una conducta agresiva y renuente, motivo por el cual fueron detenidas de manera administrativa por presuntas faltas al reglamento de justicia cívica, entre ellas poner en riesgo la integridad física, conducir sin licencia e ingerir bebidas alcohólicas.
Mientras la autoridad sostiene su versión, los afectados insistieron en que el fondo del caso es el abuso de poder y exigieron que la actuación de los elementos y de su directora sea revisada, al advertir que lo ocurrido no puede normalizarse ni justificarse bajo ningún protocolo.