La Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana de Benito Juárez sancionó a 23 policías municipales por manipular, ocultar o no activar sus cámaras corporales durante jornadas laborales, confirmó el titular de la dependencia, Jaime Padilla Bravo.
Las irregularidades fueron detectadas en las inspecciones diarias realizadas por los directores de área, lo que derivó en arrestos administrativos para los elementos involucrados.
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Actualmente, la corporación cuenta con 725 cámaras corporales, distribuidas entre todo el personal operativo, incluidos mandos y directivos, quienes están obligados a portarlas durante recorridos, operativos y cualquier intervención con ciudadanos.
Según las autoridades. el objetivo es garantizar transparencia, trazabilidad y una supervisión puntual del actuar policial. Sin embargo, las recientes sanciones revelan fallas persistentes en el cumplimiento de esta herramienta clave.
Aunque Padilla Bravo señaló que las faltas detectadas son “de carácter administrativo”, el propio funcionario advirtió que la reincidencia o conductas graves podrían llevar a los agentes a ser turnados al Consejo de Honor y Justicia, el órgano encargado de resolver casos de abuso policial, corrupción o comportamiento incompatible con el servicio.
Las sanciones por manipular cámaras se suman a otras faltas registradas en el año. En lo que va de 2025, al menos 58 policías municipales han sido sancionados por diversas irregularidades, entre ellas:
Abandono de servicio; uso indebido de la patrulla o equipamiento; retenciones injustificadas; maltrato a ciudadanos; alteración de reportes o bitácoras; inasistencias reiteradas; fallas en protocolos de intervención; daños a unidades oficiales.
De ese total, 17 agentes han sido dados de baja definitiva en 2025, ya sea por violaciones graves a los reglamentos internos, por no aprobar los procesos de control y confianza, o por reincidencia en faltas que comprometen la operación policial.
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El directivo afirmó que cada baja implica la revisión del expediente individual y la resolución del Consejo de Honor y Justicia.
Por su parte, el abogado penalista, Oswaldo Aké, consideró que las cifras exhiben una problemática que trasciende la manipulación de cámaras.
“El uso de bodycams, que debería ser un mecanismo para fortalecer la confianza ciudadana, revela, en cambio, la resistencia de algunos elementos a ser supervisados, así como deficiencias estructurales en la disciplina interna”, subrayó el profesionista.