Se desploma la economía en Playa del Carmen tras agudizarse los efectos del sargazo y el clima de violencia, aunado a los cobros de “derecho de piso” por parte del crimen organizado y de los fiscales del Gobierno municipal, quienes buscan cualquier mínimo pretexto para exigir sobornos o imponer sanciones severas, revela un sondeo entre comerciantes.
En la zona turística se reporta una fuerte caída económica; una persona entrevistada que se desempeña como mesero aseguró que si le va bien puede reunir 150 pesos, pero hay jornadas en las que apenas obtiene 50, cantidad que no alcanza ni para cubrir el transporte.
“La afluencia de visitantes que recorren la Quinta Avenida ha disminuido y no todos realizan consumos”, describió José Uh.
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El turismo extranjero se muestra más precavido que en años anteriores; evita descender a las playas porque no existen arenales adecuados donde puedan recostarse a tomar el sol. Las acumulaciones de sargazo, erosión de la costa y el ambiente de inseguridad están afectando la actividad económica de este destino turístico.
José Uh aseguró que a pesar de ello, el Gobierno municipal ha dejado de priorizar la seguridad pública, al estar más enfocado en sus programas sociales.
El buzo Manuel Solís señaló que la economía se tambalea y afecta a todos. “Se aproxima mayo, otro mes de baja actividad, y ojalá este año no nos golpee algún fenómeno hidrometeorológico, pues sería devastador para Playa del Carmen”, dijo.
En la zona urbana de la ciudad, loncherías y pequeños restaurantes lucen vacíos; no hay clientes porque no hay dinero. Muchos trabajadores del sector hotelero están siendo despedidos, por lo que están cuidando más sus recursos, comentó Adriana Morales, empleada de un establecimiento de comida.
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El ciudadano Manuel N. indicó que numerosos negocios están cerrando sus puertas debido a la ola de violencia. El cobro de “derecho de piso” se está normalizando para las autoridades, y no es posible presentar denuncias ante la Fiscalía de Quintana Roo por temor a represalias.
Además de los delincuentes que extorsionan a los comercios, los fiscales del Ayuntamiento están hostigando a los pequeños negocios y buscan el más mínimo detalle para exigir mordidas que van de cinco a 10 mil pesos, al instante, para dejarlos en paz, de lo contrario amenazan con colocar sellos de clausura. Esto ha generado un clima de incertidumbre, describió Manuel N.
“La economía en la ciudad se ha ido deteriorando y no hay garantías para abrir un negocio porque no existe seguridad”, comentó el contador Gabriel Pedroza.
