En lo que va de 2025 se han registrado 25 casos de secuestro virtual, un delito que no requiere armas ni violencia física, pero que consigue someter a sus víctimas mediante el miedo y la manipulación, señaló el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Raciel López Salazar.
Comentó que el mayor número de casos se concentra en Chetumal, con 16 incidentes, seguido de Cancún con ocho y uno en Bacalar.
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Rescatan a presuntas víctimas de secuestro virtual en la carretera Cancún-Leona Vicario
“El modus operandi de los delincuentes es conocido: realizan llamadas desde números desconocidos, simulan ser miembros de grupos criminales o de instituciones oficiales, y logran aislar psicológicamente a las víctimas, convenciéndolas de alejarse de su familia y permanecer incomunicadas”, explicó.
Dijo que, en ese lapso, extorsionan a los familiares exigiendo un “rescate” económico. “Las víctimas, bajo presión, obedecen las indicaciones de los delincuentes sin saber que están siendo manipuladas”, agregó.
El monto total extorsionado asciende a cerca de 350 mil pesos, con cantidades que van desde los 5 mil hasta los 40 mil por caso.
Sin embargo, especialistas en criminología y seguridad cibernética coincidieron en que la cifra real de casos podría ser el doble o triple, debido a que muchas personas no denuncian por miedo, vergüenza o desconfianza en las autoridades.
Aunque en todos los casos reportados en 2025 se ha logrado la localización de las víctimas sin lesiones físicas, las secuelas emocionales persisten, según el fiscal.
“La revictimización en el proceso de denuncia y el miedo a que se cumplan las amenazas hacen que muchas víctimas prefieran callar”, señaló Cynthia Escalante, psicóloga forense y consultora en atención a agraviados por delitos cibernéticos. “El secuestro virtual deja secuelas psicológicas muy graves, y eso rara vez se atiende”, destacó.
Luis Carrillo, experto en delitos de alto impacto y docente en derecho penal, advirtió que el sistema de justicia sigue sin tomar en serio los delitos que se ejecutan desde una llamada telefónica.
“Mientras no se garantice la trazabilidad de estas llamadas y no se sancione a quienes facilitan la operación desde los penales, este delito va a seguir creciendo”, destacó el especialista.
El funcionario confirmó que gran parte de las llamadas provienen de penales ubicados en Ciudad de México, Altamira (Tamaulipas) y Veracruz. Dio a conocer que se trabaja con instancias federales para bloquear las líneas utilizadas.
Reiteró que la población debe evitar contestar números desconocidos, no proporcionar información personal, y, en caso de sospecha, comunicarse de inmediato al 911 o al número anónimo 089.
