Tras un cateo en un departamento del fraccionamiento Infonavit, ubicado en la Supermanzana 96, la Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó la detención de un Fiscal del Ministerio Público, quien presuntamente se encuentra involucrado en el delito de trata de personas, en la modalidad de prostitución ajena; sin embargo, extraoficialmente trascendió que se trataba del titular de la Fiscalía Especializada en ese delito.
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El inmueble, situado en el tercer nivel de un edificio en la esquina de la avenida Chac Mool con calle 20, sería propiedad del agente detenido, identificado como Ulises “N”, por lo que fue inspeccionado como parte de las indagatorias.
La diligencia se llevó a cabo entre la tarde y noche del domingo pasado, cuando varios elementos de la FGE arribaron al lugar con apoyo de la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo y la Policía Municipal.
El fiscal general, Raciel López Salazar, confirmó la captura de Ulises “N”, de 30 años, en cumplimiento de una orden de aprehensión por su probable participación en los delitos de trata de personas, en la modalidad de prostitución ajena, y explotación sexual.
Las indagatorias en su contra comenzaron el pasado 2 de octubre, cuando personal de la Fiscalía Especializada en el Combate del Delito de Trata de Personas realizó cateos en dos domicilios, uno ubicado en la Supermanzana 23 y otro en la Región 520.
Durante esas intervenciones fueron rescatadas dos mujeres, de 18 y 25 años, cuyos testimonios y otros indicios apuntaron a una posible relación con Ulises “N”. Según las investigaciones, el funcionario presuntamente las sometía a explotación sexual y les exigía diversas cuotas a cambio de una supuesta protección.
De acuerdo con los datos recabados por la FGE, el ahora detenido probablemente ofrecía los servicios sexuales de ambas víctimas mediante plataformas digitales y 11 grupos de WhatsApp, en los que difundía fotografías de encuentros sexuales realizados en los inmuebles inspeccionados.
Las pesquisas también establecieron que presuntamente les exigía pagos para cubrir el alquiler de los departamentos y por la supuesta protección que les proporcionaba debido a su cargo en la institución. Además, habría retenido el 50 por ciento de las ganancias obtenidas.
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La Fiscalía detalló que los recursos económicos eran enviados al ahora exfuncionario mediante depósitos en tiendas de autoservicio, presuntamente con la intención de evitar ser detectado.
Por otra parte, el fiscal López Salazar informó que, durante su gestión, 657 elementos han sido dados de baja y otros mil 512 fueron reasignados de acuerdo con sus perfiles, como parte de las acciones de depuración y saneamiento de la dependencia.
