Rolando Bello Paredes
Bocadillos
El 12 de julio último, el gobierno de Yucatán convino con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), organizaciones de la sociedad civil, instituciones de los distintos órdenes de gobierno y el organismo garante en materia de transparencia en el Estado, en el documento denominado “Declaración conjunta para la implementación de acciones para un gobierno abierto”, entre otros aspectos, “establecer trabajos para generar un cambio de cultura institucional centrada en el ciudadano, receptiva y con capacidad de atención a sus necesidades”.
Otro, fue “la generación de planes de acción locales, integrados por compromisos puntuales, realizables y medibles, con duración de un año y encaminados”, entre otras cosas, a: i). “Dar seguimiento a los recursos públicos”, ii). “Incrementar la disponibilidad de información generada por las instituciones”, iii). Transparentar la información sobre la asignación y el ejercicio de recursos públicos”, iv). “Promover la rendición de cuentas, mediante el desarrollo de mecanismos que propicien la integridad en el servicio público y permitan que la sociedad analice y exija cuentas de las acciones de los servidores públicos”, v). “Utilizar lenguaje ciudadano y formatos de datos abiertos en la publicación de la información, para hacer posible su consulta y comprensión por distintos sectores de la sociedad, haciendo posible su análisis, comparación y explotación”.
Instituirán, para ello, “Secretarios Técnicos tripartitas, responsables de coordinar, incorporar y orientar los intereses de quienes participen en los ejercicios de Gobierno Abierto Local, así como establecer las rutas de acción para la conformación de los Planes de Acción”.
Un concepto de Gobierno Abierto, la proporcionó el INAI: “Un esquema de gestión y de producción de políticas públicas orientado a la atención y la solución colaborativa de los problemas públicos con base en colegiados plurales y, en cuyo trabajo, convergen la transparencia y la participación ciudadana como criterios básicos, buscando propiciar un ambiente de rendición de cuentas e innovación social” (ver Acuerdo por el cual se establece el Modelo de Gobierno Abierto del Sistema Nacional de Transparencia Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, de fecha 18 de marzo de 2016).
Aún sin la referida Declaratoria de gobierno abierto, el Ejecutivo del Estado y sus dependencias, como las secretarías General de Gobierno, de Administración y Finanzas, Consejería Jurídica, tienen obligaciones legales en la materia. Deben, conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán: I. Establecer políticas internas para conducirse de forma transparente. II. Generar las condiciones que permitan que permee la participación de ciudadanos y grupos de interés. III. Crear mecanismos para rendir cuentas de sus acciones. IV. Promover la eficacia tanto en la organización de su trabajo como en su propio desempeño.
No obstante, es alentadora la Declaratoria. El Gobierno del Estado y el de los municipios deberían esforzarse, con la sociedad organizada o no, para disponer de un Gobierno Abierto en la entidad. Para empezar, deberían informar si ya iniciaron algunas acciones encaminados a lograrlo, qué acciones son éstas, el tiempo que durarían en concretar sus metas, si será necesario expedir o modificar el marco jurídico de la entidad, para que el “Gobierno Abierto” sea permanente y no como una moda, pasajera y caprichosa. Una primera medida es dar a conocer si ya “instituyeron” al “Secretariado Técnico”, quiénes lo integran, los recursos que tendrá, y cuáles actividades realizarán inmediatamente, por ejemplo.
En este ámbito, Yucatán está en pañales. De acuerdo con el artículo de Joel Salas Suárez, “Breve historia del gobierno abierto en México”, incluido en el libro “Gobierno Abierto. El valor social de la información pública”, coordinado por Issa Luna Pla y José Antonio Bojórquez Pereznieto, y editado por Andrés Hofmann, apenas en 2014-2015, ya habían instalado “Secretariados Técnicos en los estados de Oaxaca, Durango, Morelos, Veracruz, Baja California y Tlaxcala”. Estaban por hacerlo, Coahuila, Jalisco, Hidalgo, Chiapas, Tabasco, San Luis Potosí y Zacatecas. Y ya se había “presentado el Plan de Acción local en Durango, el primero en su tipo a niveles nacional e internacional”.
La marcha yucateca para un gobierno abierto, entonces, ha de ser de paso redoblado.
El documento “Declaración conjunta para la implementación de acciones para un gobierno abierto”, fue obtenido por los Bocadillos, vía acceso a la información pública, ya que el Ejecutivo no lo dispuso al escrutinio público. Doy por válido el documento enviado por el Despacho del Gobernador, ya que no contiene firma o rúbrica de quienes convinieron la dicha declaratoria, ni los nombres de los suscriptores ni el de las instituciones firmantes.
En el caso, llama la atención que un documento de tal importancia gubernamental, de acuerdo a sus respuestas por vía de transparencia, no sea del conocimiento de la Secretaría General de Gobierno (“no es de su competencia”), ni de la Secretaría de Administración y Finanzas (“se determina la notoria incompetencia para la atención de la presente solicitud”), ni de la Consejería Jurídica (“no es competente para conocer sobre la información requerida”).
Así se complicarían las cosas para tener un “gobierno abierto” en la actual administración pública estatal 2018-2024.
Deuda pública estatal. El Congreso aprobó al Ejecutivo, para que, a partir del pasado jueves 1 de agosto y hasta el 31 de diciembre de 2020, “contrate y ejerza, por conducto de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF), uno o varios financiamientos con instituciones de crédito de nacionalidad mexicana, hasta por la cantidad de 2 mil 620 veinte millones de pesos”, de acuerdo con el decreto publicado en el Diario Oficial del Estado del miércoles 31 de julio último.
Se deberá constituir un fideicomiso para el ejercicio del gasto del “Sistema Integral de Seguridad Electrónica denominado Fortalecimiento Tecnológico de Seguridad y Monitoreo, Yucatán Seguro”.
Para cubrir otros gastos, como “asesoría jurídica y financiera, honorarios fiduciarios, pagos de coberturas de tasas de interés”, de los recursos que se obtengan se “podrá destinar, sin exceder, el 2.5 % del importe principal del financiamiento autorizado”. El decreto incluyó dos disposiciones transitorias, entre otras:
a). Que la SAF “deberá incorporar a los informes trimestrales de las finanzas públicas un mecanismo en el que se informe sobre la aplicación y destino de los recursos objeto de la autorización” y,
b). Que se “conformará un Comité de seguimiento al ejercicio, aplicación, desarrollo del proyecto y destino de los recursos autorizados”, con representantes de las “principales cámaras empresariales, organizaciones de la sociedad civil, así como al Colegio de Contadores Públicos de Yucatán, el Centro de Investigación y Estudios de Antropología Social, y una institución de educación superior del estado”.
(Contra) reforma educativa. Tres notas recientes. Una, la investigadora del Cinvestav-IPN, Alma Maldonado, advierte: “La Reforma Educativa promovida por el Presidente Andrés Manuel López Obrador es preocupante y regresiva, ya que pretende centralizar el control en la SEP, se termina con la evaluación a los maestros y no hay presupuesto suficiente para emprender los cambios en este sector. Entonces, de nada sirve poner estas leyes tan ambiciosas sin que haya un sustento presupuestal y menos en estos tiempos de austeridad. Con estos cambios en la materia impulsados por el Gobierno, se pierde el control en la compra venta de plazas de los profesores que la reforma del exmandatario Enrique Peña detuvo” (La Razón 29 julio 2019).
La otra: “El SNTE recibió 3 mil 130 millones de pesos para promover la Reforma Educativa 2013, a través de convenios firmados cada año por el entonces dirigente del sindicato, Juan Díaz de la Torre, y quienes tuvieron la titularidad de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en el Gobierno de Enrique Peña Nieto, Emilio Chuayffet Chemor (2012-2015), Aurelio Nuño Mayer (2015-2017) y Otto Granados Roldán (2017-2018). Hasta mayo pasado, el SNTE guardaba en sus arcas 435 millones de pesos que no gastó para la promoción de la Reforma Educativa” (POR ESTO! 29 julio 2019).
La tercera: “Como parte de los acuerdos a los que ha llegado con el Presidente de la República, con quien ha tenido seis encuentros, los dirigentes de la CNTE revisarán también los contenidos de los libros de texto gratuitos que serán distribuidos en el próximo ciclo escolar 2019-2020, para eliminar los “contenidos neoliberales” (ContraRéplica 1 agosto 2019).
Tardeada dominical. En artículo de Tereixa Constenla, “Batallas del bisabuelo Andrea Camilleri” (El País 20 julio 2019):
- “Recuerda que, cuanto más subas, más culo enseñarás”.