En un estado que presume tranquilidad y bajos índices delictivos, el cuerpo de las mujeres sigue siendo territorio de miedo. El acoso y el abuso sexual crecen en las sombras, entre la vergüenza y la impunidad.
La escena es cotidiana: una joven camina por las calles del centro de Mérida rumbo al trabajo. A plena luz del día, un hombre le lanza un comentario obsceno. Otro le roza el cuerpo al pasar. Ella acelera el paso, baja la mirada y sigue. No denuncia. No quiere “meterse en líos”.
Ese pequeño gesto –aparentemente inofensivo– forma parte de una estadística que crece sin descanso. En Yucatán, la violencia sexual no sólo existe: se multiplica en silencio.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Yucatán tuvo una tasa de 21 mil 73 víctimas por cada 100 mil habitantes, un aumento del 9.9 por ciento respecto a 2024. Pero lo que más preocupa es la cifra negra: sólo el 9.6 por ciento de los delitos sexuales son denunciados.
Es decir, nueve de cada diez víctimas callan por diferentes factores, entre ellos, la vergüenza, desconfianza o desinterés.
Las cifras que duelen
Los registros de la Fiscalía General del Estado muestran que, de enero a septiembre de 2025, se han abierto poco más de 400 carpetas de investigación por delitos sexuales, la mayoría por abuso y acoso. En los últimos cinco años, la cifra supera las 2 mil denuncias, aunque los casos con sentencia condenatoria son apenas una fracción mínima.
El perfil de las víctimas se repite: mujeres jóvenes, menores de 30 años, muchas de ellas estudiantes o trabajadoras de servicios. Los lugares más frecuentes: el transporte público, los centros laborales, las calles céntricas y los entornos escolares.
En comunidades mayas, las agresiones tienden a silenciarse aún más por razones culturales o de dependencia económica.
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“Nos llegan mujeres que fueron acosadas por su jefe, por un compañero, por un vecino. Y muchas veces la denuncia no avanza porque no hay testigos o porque se minimiza el hecho”, explica el Centro de Justicia para las Mujeres de Yucatán (CJM), que cada año atiende cientos de casos. “El daño emocional es enorme. Lo que más duele es la impunidad”.
Lo que marca la ley
El Código Penal del Estado de Yucatán clasifica con claridad los delitos sexuales y el acoso.
El artículo 308 sanciona el hostigamiento sexual –cuando alguien, con fines lascivos y ejerciendo subordinación laboral, doméstica o docente, asedia a otra persona– con pena de 3 a 6 años de prisión y de 200 a 500 días-multa, además de trabajo en favor de la comunidad.
El artículo 308 Bis regula el acoso sexual –que incluye tocamientos sin consentimiento, captación de imágenes de naturaleza sexual sin autorización, exhibicionismo reiterado– con pena de 2 a 4 años de prisión y de 100 a 500 días-multa. En caso de que la víctima sea menor de quince años o esté en condición de indefensión, o el agresor aproveche una ventaja, la pena puede aumentar hasta una mitad.
El artículo 309 define el abuso sexual –acto lascivo sin consentimiento que no busca la cópula–, con sanción de 6 a 10 años de prisión y de 300 a 2 mil 500 días-multa; si hay violencia física o psicológica, la pena se incrementa en mitad.
El artículo 310 agrava el abuso cuando la víctima es menor de quince años o está incapacitada para comprender el hecho; en estos casos la pena sube a 12 a 20 años de prisión y de 600 a 3 mil días-multa.
Finalmente, el artículo 316 establece agravantes generales: prisión y sanciones hasta dos terceras partes más si el delito es cometido por dos o más personas, por medio de droga o sin consentimiento, o por quien tenga relación de confianza o profesión con la víctima.
Sin embargo, en la práctica, la aplicación de estas penas es irregular. Las carpetas suelen cerrarse por falta de pruebas o desistimientos. En muchos casos, las víctimas terminan abandonando el proceso ante la falta de acompañamiento y el miedo a ser revictimizadas.
No fue un caso aislado
El reciente episodio de acoso que sufrió la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la Ciudad de México –cuando un hombre la tocó indebidamente durante una caminata pública– volvió a poner el tema en la agenda nacional. Pero en Yucatán, donde la violencia sexual rara vez ocupa titulares, las historias se acumulan sin cámaras ni testigos.
Para Mariela, una estudiante universitaria de 22 años, el acoso comenzó en su primer empleo, en una tienda del norte de Mérida. “Mi jefe me mandaba mensajes con insinuaciones. Me decía que si salía con él me iba a subir el sueldo. Cuando me negué, empezó a hacerme la vida imposible”, cuenta.
Denunció ante la empresa, pero no hubo consecuencias. Terminó renunciando. “Sentí que no tenía salida. Me dijeron que exageraba”. Casos como el suyo son frecuentes. En el ámbito laboral, las mujeres enfrentan no sólo la agresión, sino también la incredulidad y el descrédito.
Entre el miedo y la impunidad
El acoso y el abuso sexual no son delitos nuevos. En los ministerios públicos, las mujeres siguen relatando sus historias en escritorios. Las organizaciones civiles reclaman una política de prevención real, que incluya educación sobre consentimiento, campañas en escuelas y sanciones efectivas para funcionarios que minimicen las denuncias.
“El problema no se resuelve con más penas, sino con menos impunidad”, dice la activista Lizbeth Salazar, quien acompaña procesos legales de víctimas. “Mientras el Estado no garantice justicia y respeto, el silencio seguirá siendo la norma”.
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La violencia sexual, en cualquiera de sus formas, se ha normalizado al grado de que ya no sorprende. Las víctimas cargan con la duda y el miedo; los agresores, con frecuencia, con la impunidad.
La percepción de seguridad, según la Envipe, se mantiene alta en Mérida –ocho de cada diez habitantes se sienten seguros–, pero ese dato convive con otro igual de contundente: más del 90 por ciento de las mujeres dice haber sufrido alguna forma de acoso en espacios públicos.
Un tema que cruza generaciones
Las víctimas de acoso y abuso sexual en Yucatán no son sólo jóvenes. También hay mujeres mayores, niñas y hombres que han sufrido tocamientos o violencia. Pero la mayoría no lo dice. La vergüenza social, la presión familiar y el temor al qué dirán son las cadenas invisibles que mantienen este delito fuera de las cifras reales.
El Centro de Justicia para las Mujeres de Yucatán (CJM) atiende anualmente cientos de casos de violencia sexual, pero sus propias estadísticas evidencian que la mayoría llega cuando el daño ya es profundo. En zonas rurales o comunidades mayas, el acceso a servicios especializados es todavía más limitado.
Aun en un estado con los niveles de seguridad más altos de México, la violencia sexual es una herida abierta. No se trata de estadísticas, sino de cuerpos y de historias.
Detrás de cada número hay una mujer que no pudo dormir, una niña que aprendió a callar o una trabajadora que perdió su empleo por defender su dignidad.
