Unos 35 casos de acoso escolar y 26 ciberacosos se han registrado de enero a octubre de este año en la zona norte de Quintana Roo, que comprende Cancún, Playa del Carmen, Tulum y Cozumel. Sin embargo, los informes oficiales son parciales, debido a que no incluyen la cifra negra de víctimas que no denuncian.
El 6 de noviembre, fecha que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) dedica a recordar la urgencia de eliminar la violencia y el acoso en las escuelas, llega a Quintana Roo con cifras que evidencian esfuerzos fragmentados y vacíos de información, de acuerdo con pedagogos, educadores y profesionales en derechos humanos.
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Acoso escolar en Quintana Roo: Registran 35 casos en lo que va del 2025
Los casos de bullying no se limitan a escuelas de nivel básico, sino que también se presentan en planteles de nivel medio superior y universitario, públicos y privados.
“Los registros de enero a octubre del 2025 en Quintana Roo muestran decenas de casos y una estructura institucional que reconoce el problema”, señaló Mariana Flores Gutiérrez, doctora en educación inclusiva y consultora del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred)
Sin embargo Flores Gutiérrez, expresó que “se falla en el seguimiento y la transparencia”.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ), en Playa del Carmen las zonas con mayor incidencia son Villas del Sol y Luis Donaldo Colosio, donde se han realizado campañas de prevención, aunque sin informar resultados.
Las formas
Las formas de violencia escolar incluyen acoso verbal y psicológico -insultos, rumores y exclusión social-, discriminación por orientación sexual, religión, color de piel o condición económica, así como ataque físico y sexual.
En los últimos años, también han aumentado las agresiones digitales, como la difusión de imágenes, suplantación de identidad o mensajes intimidatorios.
Cada tipo de violencia requiere protocolos distintos, atención inmediata y personal capacitado; sin embargo, en la mayoría de los planteles los docentes carecen de herramientas para detectar a tiempo los acosos.
“Muchos normalizan conductas agresivas porque no se les capacita para abordarlas desde la perspectiva de derechos y salud mental”, explicó Flores Gutiérrez.
A su juicio, el acoso escolar no debe verse como un “problema entre niños”, sino como un síntoma de fallas estructurales en la convivencia escolar y en el acompañamiento emocional de los estudiantes.
Para pasar de las conmemoraciones a la protección real, la especialista propone un registro estatal, psicólogos en escuelas, capacitación y evaluable para docentes, y protocolos con seguimiento público sobre sanciones y reparación del daño.
Aunque la SEQ cuenta con un protocolo para la prevención, actuación y sanción frente al abuso, acoso y maltrato escolar, su aplicación no es homogénea entre municipios y carece de transparencia.
La Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo ha emitido medidas precautorias y llamado a reforzar la capacitación del personal educativo ante el aumento de casos.
A nivel nacional, la Encuesta Nacional sobre Discriminación (Enadis) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) señala que 28% de los jóvenes de entre 12 y 17 años han sufrido acoso escolar en los últimos 12 meses.
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Influencia de redes
En el ámbito digital, el Módulo de Ciberacoso (Mociba) indica que entre el 20 y 30% de los usuarios de Internet han sido víctimas de violencia, siendo los adolescentes de 12 a 19 años los más afectados.
“El acoso virtual amplifica el daño, porque no tiene límites de tiempo ni espacio, y puede repetirse en redes sociales”, advirtió Javier Salas, psicólogo social especializado en convivencia escolar.
La Secretaría de Educación Pública (SEP) ha desarrollado materiales como las guías “Escuela Libre de Violencia”, pero la falta de seguimiento y transparencia sobre su aplicación deja vacíos importantes.
Según la Asociación Mexicana de Psicología Escolar, cuatro de cada 10 escuelas del país cuentan con personal especializado en orientación o psicología educativa, y menos del 30% ofrece atención inmediata.
“Las campañas funcionan como parches. Hace falta un seguimiento, un registro único estatal y atención multidisciplinaria para víctimas y agresores”, subrayó Salas.
María, madre de una estudiante en Cancún, relató “Mi hija sufrió burlas y amenazas por meses. Dijeron que eran ‘juegos’. Sólo actuaron cuando dejó de asistir a clases”.
“Nos cambiaron de grupo, pero nunca hubo un apoyo psicológico real”, concluyó la mujer.
