Ejidatarios del poblado de Telchaquillo manifestaron su disposición al diálogo con las nuevas autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), con la esperanza de alcanzar un acuerdo de coadministración de la zona arqueológica de Mayapán, y no una venta del sitio, como en algún momento se planteó desde instancias oficiales.
Frente a la explanada del ejido, bajo el sol ardiente del sur yucateco, Filiberto Martín Uc, uno de los representantes ejidales, sostiene con fuerza una carpeta que guarda la historia de una lucha agraria que parece no tener fin. Son copias de acuerdos, citatorios y actas que, según él, “prueban lo que hemos dicho desde hace más de 40 años: estas tierras son nuestras”.
Como publicó POR ESTO! el pasado domingo, el conflicto entre los ejidatarios de Telchaquillo y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) por la zona arqueológica de Mayapán no es nuevo, pero sigue abierto y cargado de tensiones. Mientras el patrimonio cultural de México permanece bajo resguardo, el derecho agrario de la comunidad indígena sigue sin reconocerse plenamente.
“Estamos abiertos al diálogo, pero que sea real, respetuoso, donde se reconozcan nuestros derechos como comunidad indígena. Lo que no queremos es imposición”, afirma Martín Uc, uno de los ejidatarios, con tono firme.
Cuarenta años sin solución
El caso se ventila en el Tribunal Agrario, donde se analiza la ocupación irregular de tierras que —aseguran los ejidatarios— se dio sin previa autorización del núcleo agrario. A pesar de las promesas de negociación, el expediente sigue engrosando sin acuerdos tangibles.
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En mayo pasado se realizó la última reunión con funcionarios del INAH, sin resultados. Una audiencia legal fue suspendida por falta de notificaciones a actores clave, como el exdirector del instituto, Diego Prieto Hernández, y representantes de la Procuraduría Agraria. Desde entonces, no ha habido acercamientos.
Mientras tanto, la zona arqueológica de Mayapán, cerrada al público desde febrero de 2024, permanece en el abandono turístico. “Nadie gana con esto: ni el INAH, ni nosotros, ni Yucatán”, lamenta Filiberto.
La “oferta insultante”
El conflicto escaló cuando, en medio de las negociaciones, el INAH propuso la compra de los terrenos: primero seis millones de pesos, luego siete, y finalmente nueve millones 800 mil pesos, lo que equivaldría a poco más de 30 mil pesos por ejidatario.
“La gente se sintió ofendida. Por ser una zona arqueológica pensábamos que el INAH ofrecería algo justo, pero esa cantidad fue un insulto”, comenta el líder comunal. La tensión aumentó por la confusión entre los términos “venta” e “indemnización”, sobre todo entre adultos mayores que sólo hablan maya.
“Nosotros no queremos vender. Lo que queremos es que se reconozca lo que nos corresponde y que podamos tener una participación en los beneficios del sitio”, aclara.
Guardias en el sitio prehispánico
Ante la falta de acuerdos, los ejidatarios se han organizado para vigilar el sitio. A través de guardias rotativas, hombres y mujeres cuidan los accesos, incluso mientras cultivan calabaza y sandía en parcelas cercanas. “Aquí nadie nos ayuda, nosotros mismos vemos que no entren extraños”, dice Martín.
La propuesta del ejido es clara: coadministración con el INAH y una indemnización justa por cuatro décadas de ocupación. “Queremos participar en la administración, que se nos tome en cuenta, que este patrimonio también signifique desarrollo para nuestra gente”, subrayan.
Nuevo director, viejos pendientes
Los ejidatarios subrayan que su intención no es obstaculizar el trabajo del INAH, sino construir una relación de beneficio mutuo y respeto, en la que la preservación del patrimonio cultural camine de la mano con el desarrollo de las comunidades que históricamente han sido excluidas de las decisiones.
La comunidad espera que el nuevo titular del INAH, Joel Omar Vázquez Herrera, y el próximo representante estatal, retomen el diálogo. El relevo en la dirección nacional —tras la salida de Diego Prieto, ahora a cargo de la Unidad de Culturas Vivas— abre la posibilidad de reactivar las conversaciones.
“Si llegan con actitud de escuchar, la gente los va a recibir bien. Queremos soluciones, no pleitos”, concluye Filiberto, mientras observa la carpeta que guarda 40 años de promesas incumplidas.
