La zona arqueológica de Mayapán permanece cerrada desde febrero del 2024, en un conflicto que simboliza la falta de avances en la resolución entre el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y los ejidatarios de Telchaquillo, legítimos propietarios del terreno. Durante el último año y medio, el entonces director general del INAH, Diego Prieto Hernández, sostuvo al menos cuatro reuniones formales con representantes del ejido. Sin embargo, las negociaciones quedaron estancadas debido a la falta de acuerdos concretos sobre el reconocimiento territorial y la indemnización por casi 40 años de ocupación sin beneficios para la comunidad.
Esta semana, tras nueve años en el cargo, Prieto Hernández fue removido de la dirección general del INAH para ocupar la titularidad de la nueva Unidad de Culturas Vivas, Patrimonio Inmaterial e Interculturalidad (Ucvpii). Este organismo tendrá como principal objetivo trabajar con comunidades originarias para impulsar el reconocimiento y respeto a la diversidad cultural de pueblos indígenas, afromexicanos y comunidades urbanas y rurales.
Prieto Hernández fue nombrado director del INAH en 2017 por el expresidente Enrique Peña Nieto. Durante su gestión enfrentó denuncias por supuesto abandono de instalaciones, opacidad en contratos, la controversia en torno al Tren Maya y, recientemente, la polémica por la grabación del youtuber MrBeast en zonas arqueológicas de la Península de Yucatán. En su lugar fue designado Joel Omar Vázquez Herrera como nuevo director general.
En Yucatán, el conflicto de Mayapán tampoco encontró solución bajo la dirección de la delegada estatal, Anna Goycoolea Artís, quien esta misma semana fue promovida a coordinadora nacional de Centros INAH. Desde junio de 2023, Goycoolea impulsó la puesta en valor de museos y sitios arqueológicos como el Gran Museo de Chichén Itzá, el Ateneo Peninsular y el Centro de Atención a Visitantes de Dzibilchaltún. No obstante, tampoco pudo resolver el cierre de Mayapán.
Un conflicto empantanado
Para los ejidatarios de Telchaquillo, que mantienen la zona arqueológica cerrada en defensa de sus derechos territoriales y culturales, la falta de interlocutores claros y soluciones efectivas prolonga un conflicto que impacta no solo el patrimonio arqueológico, sino también la identidad y bienestar comunitarios.
El pasado 7 de mayo, el tribunal aplazó nuevamente la audiencia del proceso legal que la comunidad sostiene contra el INAH y dependencias federales como la Procuraduría Agraria, el Registro Agrario Nacional y el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indabin). Ante la falta de garantías legales, el ejido presentó un recurso de amparo el 1 de abril del 2025 ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito (expediente 474/2025), exigiendo respeto pleno a sus derechos territoriales, culturales y colectivos como pueblo originario y propietario legítimo.
“No hemos recibido un sólo beneficio en 40 años. Podemos esperar más, pero no cederemos”, afirmaron representantes del ejido en entrevista.
Denuncias de trato desigual y falta de respeto
A lo largo del proceso, los ejidatarios han documentado diversas irregularidades: presiones para firmar acuerdos fuera del marco jurídico, modificaciones en la infraestructura sin consentimiento, amenazas y una actitud “desigual” por parte del INAH, que ha permitido el acceso a figuras mediáticas mientras se restringen los derechos de la comunidad. Uno de los casos que causó indignación fue la autorización oficial para que el famoso youtuber MrBeast grabara contenido en el sitio.
Para Telchaquillo, el conflicto revela una política institucional que prioriza el turismo y el espectáculo por encima de la participación activa y el respeto hacia los pueblos originarios. Acusan a Diego Prieto Hernández de sostener una visión “colonialista y mercantilista” del patrimonio maya. “No se trata sólo de ruinas, sino de nuestra historia, cultura y derecho a decidir sobre nuestros espacios sagrados”, expresaron.
Mayapán, sin horizonte claro
Desde febrero del 2024, la zona arqueológica de Mayapán permanece inaccesible al público tras las fallidas negociaciones con el INAH. La Procuraduría Agraria confirmó en noviembre del 2023 que los terrenos pertenecen legalmente al ejido de Telchaquillo, pero el conflicto continúa y los accesos permanecen bloqueados.
A pesar de intentos por lograr acuerdos extrajudiciales, la comunidad insiste en continuar con el proceso legal sin intermediarios ni pactos que no estén respaldados por la ley. Exigen también una indemnización por casi cuatro décadas de ocupación sin consentimiento y el reconocimiento pleno de su territorio.
