Durante más de una década, Mario Peraza ha sido una figura clave en una de las redes más opacas y escandalosas de despojo patrimonial en el Sureste mexicano, aseguran ciudadanos.
No ha actuado por cuenta propia, ni responde a una agenda personal. Ha sido, más bien, el títere obediente de un puñado de familias de la llamada casta divina yucateca, expresión popular que alude a los antiguos grupos empresariales, políticos y terratenientes que históricamente han concentrado el poder económico y político en el estado.
Desde que fue nombrado director del Catastro del Estado durante el gobierno de Rolando Zapata Bello, Peraza ha desempeñado un papel central en la apropiación ilícita de tierras costeras mediante mecanismos legales simulados, maniobras registrales y tráfico de influencias.
Fue uno de los operadores principales de lo que hoy se conoce como la Mafia Inmobiliaria, una red institucional que permitió que particulares se apoderaran de predios valuados en miles de millones de pesos, en un fraude sin precedentes contra el patrimonio colectivo y privado.
Su paso por ese gobierno le permitió amasar una enorme fortuna y consolidarse como un obediente operador de intereses financieros de alto nivel. Esa lealtad le abrió las puertas de la política partidista, le garantizó protección en los años siguientes y eventualmente le permitió llegar al Congreso Federal.
Noticia Destacada
Rebrote de tos ferina en la Península: Hay 29 enfermos en Yucatán, todos bebés menores de un año
Hoy, Peraza milita en el PRI, partido donde su figura simboliza con claridad la corrupción estructural, el enriquecimiento a costa del erario y el cinismo que caracteriza a la peor cara del priismo.
Maquinaria sofisticada
La reciente incorporación del notario Carlos de la Mora Lizama, titular de la Notaría 122 del Estado de Yucatán con sede en Izamal, confirma que la maquinaria del despojo no se ha detenido, sólo se ha sofisticado.
De la Mora ha comenzado a colaborar con estas mismas familias, participando en operaciones que presuntamente implican el despojo ilegal de predios en la costa yucateca. Su función es clave: otorga una aparente “certeza jurídica” a transacciones plagadas de irregularidades, lo que convierte su Notaria Publica en un instrumento de legalización del despojo y pone en riesgo su patente notarial, indican fuentes.
La intervención del Consejo de Notarios de Yucatán debe de ser inmediata ante las evidencias que demuestran la participación de uno de sus miembros como cómplice de estos delincuentes ofreciendo sus servicios como fedatario público para respaldar sus extorsiones.
El uso del aparato legal para legitimar el despojo es una de las formas más perversas del poder patrimonialista. No se trata sólo de enriquecerse, sino de garantizar el dominio territorial de unos cuantos, violando derechos y pervirtiendo marcos normativos.
En ese contexto, Mario Peraza no es sólo un político menor con historial cuestionable. Es, en realidad, el rostro servil de un poder mucho más profundo, conformado por familias vinculadas a la casta divina, que durante décadas han manipulado el territorio y las instituciones para su beneficio. Peraza actúa como el fiel títere que garantiza la continuidad de ese dominio, sin importar los costos sociales y legales, consideran.
Urgen a frenar complicidades
Frente a esta realidad, resulta urgente que las autoridades federales y estatales actúen con determinación para desmontar esta red de complicidades.
No basta con señalar las irregularidades: se requiere una investigación a fondo, sanciones ejemplares y voluntad política para frenar el despojo y restaurar la legalidad.
Lo que está en juego no es sólo el patrimonio territorial de Yucatán, sino la credibilidad de las instituciones frente a quienes, por décadas, han actuado con impunidad.