Un impresionante despliegue de más de 200 elementos de fuerzas estatales y federales irrumpió ayer jueves en el tranquilo puerto de San Felipe, como parte de un operativo de inspección por posibles daños ecológicos.
Aunque la expectativa entre los pobladores fue alta ante la magnitud de la movilización, el operativo concluyó sin aseguramientos visibles ni clausuras.
La intervención estuvo encabezada por personal de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado, acompañados por efectivos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Fiscalía General de la República (FGE), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Marina (Semar).
El objetivo fue revisar zonas con indicios de deterioro ambiental y actividades irregulares dentro de áreas naturales protegidas. Las autoridades constataron indicios de tala, desmonte y asentamientos no autorizados, actividades que, según la normatividad ambiental, constituyen delitos al realizarse dentro de zonas ecológicamente sensibles.
De manera extraoficial, se señaló que el presidente municipal, Felipe Marrufo, podría estar implicado en la autorización de obras en predios que presentan relleno de humedales y alteración de manglares protegidos.
Acciones en la Península
Este operativo en San Felipe, en el Oriente del estado, se enmarca dentro de una serie de acciones que la Profepa ha intensificado en la Península de Yucatán para frenar la expansión de actividades agroindustriales y urbanas en territorios forestales.
Entre el 28 de mayo y el 14 de junio, la dependencia clausuró más de 2,600 hectáreas desmontadas ilegalmente en Yucatán, Campeche y Quintana Roo, en zonas invadidas por comunidades menonitas dedicadas al monocultivo intensivo.
En Yucatán, uno de los casos más graves se detectó en el municipio de Tekax, donde inspectores encontraron que 350 hectáreas de selva fueron arrasadas y reemplazadas por terrenos agrícolas. En esa zona se observó maquinaria pesada, quema de vegetación y construcción de infraestructura con concreto, lo que evidencia una transformación drástica del ecosistema.
Pese al contexto regional y los antecedentes recientes, en San Felipe los resultados del operativo fueron distintos: ninguna obra fue clausurada, ni siquiera la construcción de una plaza de toros cercana al manglar, donde los trabajos continuaron sin interrupción.
Habitantes del puerto relataron que vieron a los convoyes militares y oficiales ingresar a calles próximas a la zona núcleo de la Reserva de la Biosfera Ría Lagartos, pero no se realizaron aseguramientos visibles.
El contraste es aún más llamativo si se comparan con operativos previos en el mismo municipio, donde las autoridades llegaron a colocar sellos de clausura en calles abiertas dentro de áreas protegidas. Aun así, muchas de esas obras continuaron hasta concluirse.
La Profepa informó que continuará con las investigaciones en curso y advirtió que podrían imponerse sanciones más severas conforme se obtenga mayor evidencia y se deslinden responsabilidades.