Durante una reunión, prestadores de servicios turísticos denunciaron públicamente al empresario extranjero Francesco Ferroni Confalonieri por la afectación grave a la Zona Federal Marítimo-Terrestre (Zofemat), con el fin de establecer un club de playa en el Hotel Casa Mate, lo cual estaría promoviendo un tipo de turismo masivo que pone en riesgo el frágil ecosistema costero de El Cuyo.
Según los denunciantes, el proyecto impulsado por Ferroni está generando daños irreversibles en una zona reconocida por ser sitio de anidación de tortugas marinas. Entre las acciones que se le atribuyen, destacan la remoción de vegetación nativa en las dunas costeras, lo que afecta directamente las áreas de desove de esta especie protegida.
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“Este tipo de turismo no corresponde con el modelo sostenible que hemos impulsado por años en El Cuyo”, señalaron prestadores de servicios durante una reunión comunitaria. En ese encuentro, pidieron la intervención urgente de las autoridades federales, estatales y municipales para investigar y sancionar al responsable, a fin de frenar la degradación ambiental.
Además, se le acusa de operar turísticamente con el uso de prestanombres, como el caso del servicio de lanchas que aparece registrado a nombre de Luis Gustavo Solorio Pérez, lo cual constituiría una evasión a las disposiciones legales que regulan las actividades en la Zofemat.
“No sólo está lucrando, está destruyendo una zona vital para la biodiversidad y para nuestra comunidad. Exigimos que se aplique la ley y se proteja nuestro entorno”, expresaron prestadores locales, quienes también hicieron un llamado a los tres niveles de Gobierno para garantizar el respeto al área natural protegida y al modelo de turismo responsable que caracteriza a El Cuyo.
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Asimismo, surgieron rumores entre la comunidad de que este caso podría terminar como el del complejo hotelero Beach Front Riad Romero, cuya construcción fue cancelada en abril de 2022 por la presión de los habitantes del puerto, luego de que se descubriera que el proyecto rebasaba los niveles permitidos por la normativa local.
El malestar crece entre la población, que ve con preocupación cómo intereses privados intentan transformar el puerto en un destino de turismo desmedido, poniendo en riesgo el patrimonio natural.
