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Ni salud, ni apoyo: Más de 220 mil adultos mayores en Q. Roo viven en condiciones de abandono

Yucatán

Mérida envejece: casos de abandono a adultos mayores encienden alarmas

La legislación protege a este sector de la población y establece penas a quien violente sus derechos.
En el estado, la Ley para la Protección Social de las Personas en Edad Senescente vela por la seguridad de los adultos mayores
En el estado, la Ley para la Protección Social de las Personas en Edad Senescente vela por la seguridad de los adultos mayores / Especial

Ante la realidad de casos de abandono a personas de la tercera edad, y en un contexto donde Mérida empieza a ser reconocida como una ciudad que está envejeciendo, las leyes de protección a los adultos mayores son cada vez más relevantes para salvaguardar la seguridad y la vejez digna, lejos de maltratos y desinterés por parte de las familias.

En el estado, la Ley para la Protección Social de las Personas en Edad Senescente vela por la seguridad de los adultos mayores, y no solo reconoce a quienes forman parte de este grupo demográfico, sino también establece las penas en contra de quienes violenten sus derechos y su integridad.

Esa norma reconoce como personas en edad senescente a quienes tienen 60 años o más y pueden presentar alguna limitación o alteración física, psicológica o neurológica como resultado del envejecimiento.

Este grupo forma parte de una población prioritaria que, de acuerdo con la legislación estatal, debe contar con condiciones para ejercer plenamente sus derechos, acceder a servicios de salud, participar en la vida comunitaria y vivir con dignidad. Y cuando una persona anciana enfrenta abandono, maltrato o cualquier tipo de violencia, el Estado tiene la obligación de intervenir.

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La Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia es la instancia responsable de investigar estos casos, a partir de denuncias, o de oficio, y aplicar medidas de protección que pueden incluir su resguardo temporal en centros de asistencia. La ley también establece que cualquier persona o institución que tenga conocimiento de estas situaciones debe reportarlas de inmediato.

En caso de comprobarse una violación a sus derechos, como impedir su permanencia en el núcleo familiar, negarles atención o incurrir en abuso, los responsables pueden ser sancionados con multas, arresto hasta por 36 horas o amonestaciones, sin perjuicio de otras responsabilidades civiles o penales. El monto de las sanciones considera la gravedad del caso, los daños ocasionados, y si se trata de una conducta reincidente.

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El pasado jueves trascendió el caso de una mujer de 91 años que fue abandonada por sus familiares en Mérida. Las autoridades la localizaron frente a un predio de la calle 83, el cual, según dijo la afectada, no se trataba de su domicilio.

De acuerdo con su testimonio, una de sus hijas la dejó en ese sitio, para que otra hija la recogiera, pero esta nunca apareció. Gracias al reporte de un vecino, las autoridades atendieron a la mujer, quien fue llevada al domicilio de su hermana, otra adulta mayor de 78 años, quien se haría cargo de ella. El caso fue canalizado al área de Trabajo Social de la SSP y se notificó al Departamento de Atención a la Violencia Familiar y de Género (Uniprev) para darle seguimiento.

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