El primer trimestre de 2025 cerró en Yucatán con siete nuevos reportes de personas desaparecidas, todas en el municipio de Mérida. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), seis de ellas fueron localizadas —cinco con vida y una sin vida—, mientras que un caso continúa sin esclarecerse, prolongando la angustia de una familia que espera respuestas.
Aunque los números colocan a la entidad como la de menor incidencia en la Península de Yucatán, detrás de cada expediente hay historias de dolor, búsqueda incansable y noches en vela. Son familias que enfrentan trámites, incertidumbre y la carga emocional de no saber dónde ni cómo está su ser querido.
“Cada desaparición es un golpe profundo. No importa que sean pocos los casos en comparación con otros estados, el impacto en cada familia es devastador”, expresa el colectivo Familias Buscadoras del Estado de Yucatán, que reporta al menos 297 personas desaparecidas en la entidad, cifra superior a la reconocida oficialmente.
El colectivo Red Lupa señala que Mérida concentra la mayor cantidad de casos de personas desaparecidas, para mayo del 2025, con 167 casos; también hay reportes de Progreso (34 personas), Kanasín (19), Tizimín (13) y Valladolid (8).
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También explica que los casos comenzaron a aumentar en el 2007, aunque la mayor cantidad de reportes corresponden a los años 2014 y 2015.
Red Lupa detalla que 11.11% de los casos de personas desaparecidas y no localizadas hasta mayo pasado están en el rango de 55 y 59 años de edad; mientras que el 40.5% de los casos de mujeres desaparecidas y no encontradas están entre los 15 y 34 años de edad.
Edades más visibles de la estadística
De los siete reportes de enero a marzo, cuatro corresponden a mujeres y tres a hombres. Las edades reflejan un patrón inquietante: una adolescente entre 15 y 19 años, otra joven de 20 a 24, y una mujer de 30 a 34 años; mientras que los hombres incluyen dos casos entre 25 y 29 años y uno sin rango etario definido. En cuanto a nacionalidades, todos son mexicanos excepto un hombre de origen colombiano.
Los reportes se distribuyeron de la siguiente forma: enero y febrero registraron dos casos cada uno, mientras que marzo concentró tres, reflejando un ligero repunte en la tendencia mensual.
Una Península con contrastes
La comparación regional pone en perspectiva la situación de Yucatán. Mientras aquí se reportaron siete desapariciones en el primer trimestre, Quintana Roo registró 303 casos, de los cuales 105 siguen sin resolverse y 10 fueron hallados sin vida. Campeche reportó 83 desapariciones, con 10 aún activas y una persona localizada sin vida.
Este contraste refuerza la percepción de Yucatán como una de las entidades más seguras del país, pero también puede generar una falsa sensación de tranquilidad.
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Las cifras absolutas son bajas, pero los colectivos insisten: la desaparición no es sólo un dato, también es una fractura en el tejido social.
Avances y pendientes
En comparación con el primer trimestre de 2024, Yucatán aumentó en tres casos, pero también mejoró su capacidad de respuesta: en el mismo periodo del año pasado sólo uno de cuatro reportes se resolvió. Para todo 2024, la entidad cerró con 28 personas desaparecidas y solo 11 localizadas.
La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Yucatán señala que actualmente hay más de 200 casos activos, mientras que la sociedad civil, a través de Familias Buscadoras, advierte que podría haber mucho más debido al subregistro y la falta de denuncias formales.
“Muchos casos no llegan a las estadísticas oficiales porque las familias no denuncian por miedo, por desconfianza o porque desconocen los procedimientos. La cifra que vemos es apenas una parte del problema”, señalan integrantes del colectivo.
El rostro humano detrás de los índices
Cada desaparición tiene nombre, historia y entorno. Las familias suelen iniciar la búsqueda por su cuenta, recorriendo hospitales, albergues y redes sociales antes de acudir a la autoridad. En algunos casos, la localización ocurre gracias a la difusión comunitaria y la colaboración ciudadana, pero en otros la ausencia se prolonga por meses o años.
Los casos resueltos en este trimestre son también testimonio de la complejidad del fenómeno: desde conflictos familiares hasta posibles delitos, pasando por desapariciones voluntarias, cada expediente es único y requiere sensibilidad y recursos especializados.
“Que seamos el estado con menos casos no significa que no tengamos un problema. Cada persona desaparecida es un mundo que se detiene, y la sociedad no puede mirar hacia otro lado”, subraya Red Lupa, asociación que evaluó la aplicación de la ley general en materia de desaparición forzada.