La más reciente reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, conocida como Ley Antilavado, ha encendido las alertas en sectores clave de Yucatán como el inmobiliario, las arrendadoras de autos, las joyerías y las casas de empeño. Los cambios, que buscan cerrar la puerta al lavado de dinero y fortalecer la vigilancia financiera, reducen significativamente los montos a reportar y endurecen las obligaciones para quienes manejan operaciones de alto valor.
El ajuste más relevante consiste en que el umbral para reportar transacciones sospechosas pasó de un millón 800 mil pesos a 900 mil pesos, lo que significa que operaciones que antes no requerían notificación ahora deberán ser informadas a las autoridades. Con esto, la Secretaría de Hacienda pretende rastrear con mayor precisión la procedencia de los recursos y detectar posibles actividades ilícitas.
Notarios, el alerta
En Yucatán, donde la compraventa de inmuebles y la movilidad de capital privado han crecido en la última década —impulsados en gran medida por la migración interna y las inversiones foráneas—, la medida impacta de lleno a notarios, inmobiliarias y empresas que regularmente mueven montos considerables.
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El Colegio Notarial de Yucatán inició un proceso intensivo de capacitaciones y actualización de protocolos para cumplir con los nuevos lineamientos y evitar sanciones que pueden ir desde los 220 mil pesos hasta superar los 7 millones de pesos, dependiendo de la falta y la reincidencia.
Raúl Pino Navarrete, presidente del organismo, explicó que los notarios ahora están obligados a verificar de manera más exhaustiva la identidad de los beneficiarios finales de cada operación: socios, accionistas y administradores de sociedades deberán presentar identificación oficial, comprobante domiciliario, correo electrónico, CURP o RFC, entre otros documentos.
“Antes bastaba la palabra del cliente, hoy debemos acreditar plenamente quién está detrás de cada operación. La ley nos exige identificar al beneficiario controlador, que en términos prácticos es la persona física que se beneficia de los recursos. Esto busca cortar las redes de lavado de dinero y financiamiento ilícito”, señaló.
“Las multas son acumulativas. Si un sujeto obligado incurre en varias omisiones, el costo puede ser devastador. De ahí la importancia de que todos los ciudadanos, las empresas y los notarios cumplan estrictamente con la norma”, insistió Pino Navarrete.
Exigencia internacional
El endurecimiento de la norma responde también a exigencias internacionales. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que supervisa la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, ha presionado para que México demuestre un control efectivo de estas operaciones y evite ser incluido en listas grises o negras que frenarían la llegada de inversiones.
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Para el sector inmobiliario y otros giros en Yucatán, el desafío no es menor. Las multas por omitir un reporte pueden iniciar en 22 mil pesos, pero si se acumulan varias omisiones, el monto puede ser devastador. Esto ha generado preocupación, especialmente en pequeños negocios y despachos notariales que ahora deberán redoblar esfuerzos administrativos.
“Estamos en una etapa de ajustes. Hay diferencias de criterio en la aplicación de la ley y esperamos que en los próximos meses la Secretaría de Hacienda emita lineamientos más claros. Mientras tanto, lo que toca es capacitarnos y reforzar cada paso del proceso”, dijo Pino Navarrete.
Prácticas frecuentes
Las operaciones bajo la lupa incluyen compraventa de inmuebles, contratos de préstamos e hipotecas, recepción de donativos, constitución y variación patrimonial de sociedades mercantiles, arrendamientos, compraventa habitual de vehículos nuevos o usados, y la comercialización de joyas. Todas ellas son prácticas frecuentes en Yucatán, donde el dinamismo inmobiliario y la llegada de nuevos capitales han transformado el mercado local.
El gremio notarial asegura que mantendrá la colaboración con las autoridades para que la entidad se mantenga en regla y México cumpla con los estándares internacionales. Para los ciudadanos y empresarios, la recomendación es clara: anticiparse, transparentar operaciones y asesorarse correctamente antes de firmar cualquier transacción que pueda caer dentro de los nuevos parámetros.
