Las granjas porcícolas en Yucatán han dejado de ser vistas únicamente como una fuente de empleo y desarrollo económico: hoy son también un foco de conflicto social y ambiental.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) anunció esta semana el cierre definitivo de la granja porcícola ubicada en la comisaría Santa María Chi, un caso emblemático de las tensiones entre el sector empresarial, las comunidades mayas y la necesidad urgente de proteger los recursos naturales.
El decreto de la Profepa llega tras años de denuncias de vecinos, apicultores y activistas que advirtieron sobre la grave contaminación del agua y el aire, los malos olores permanentes y los daños a la salud de la población.
Para las comunidades, la clausura representa un triunfo, aunque persiste la preocupación por las demás granjas que continúan operando en el territorio yucateco.
Comunidades al límite
Al respecto, Matilde Dzul, integrante de la Red de Mujeres en Defensa del Agua y Territorio Maya, explicó a POR ESTO! que la situación ha sido devastadora: “el olor de las granjas es tan fuerte que pica la nariz. No se puede comer con tranquilidad, el aire se impregna en las paredes y la vida cotidiana se vuelve insoportable”.
La activista advirtió que los efectos no se limitan a la salud humana. La apicultura, una de las actividades más representativas del estado, ha resentido con fuerza la presencia de granjas industriales. La producción de miel en comunidades como Maxcanú y Kinchil cayó hasta un 25%, debido a la mortandad de las abejas y la pérdida de vegetación.
“Las heces fecales de los cerdos son igual o peor de tóxicas que los agroquímicos, se impregnan en las flores y en las plantas, y las abejas enferman al iniciar su proceso de polinización”, sostuvo Matilde Dzul. En municipios como Kinchil, decenas de colmenas se han perdido por completo.
Impacto en tierra y agua
Además de la apicultura, los cultivos locales también se ven comprometidos. Agricultores de la zona señalan que incluso el riego se ha vuelto un problema: “Ahora riegas y las plantas se queman con la misma agua, por los químicos y descargas de las granjas. Queremos trabajar, pero los cultivos no sobreviven”, denunció Dzul.
La contaminación del manto freático, fuente vital de agua en la Península, es uno de los temas más graves. Investigadores y colectivos ambientales han documentado descargas de aguas residuales en la selva que se filtran al subsuelo, comprometiendo la seguridad hídrica de las comunidades mayas.
Un precedente legal
El cierre de la granja en la comisaría meridana Santa María Chi marca un precedente en la política ambiental de Yucatán. El decreto fue presentado como respuesta a la presión social, legal y científica que desde 2021 advertía sobre los daños acumulados. Sin embargo, los activistas advierten que no basta con una clausura: exigen que se revise el funcionamiento de las más de 250 granjas porcícolas registradas en el estado, muchas de ellas instaladas cerca de reservas naturales o zonas de alta fragilidad ecológica.