El personal del Ayuntamiento de Dzidzantún habría incurrido en una grave violación de la normativa vigente de saneamiento de cementerios públicos y la ley de Protección al Medio Ambiente del Estado de Yucatán, al retirar y arrojar restos de ataúdes en el basurero municipal, en un acto que la población calificó como negligente.
Esta acción, que fue denunciada en días recientes, puso de manifiesto una preocupante falta de conocimiento y cumplimiento de las leyes por parte de las autoridades locales y los trabajadores a su cargo.
La situación se originó tras la denuncia hecha por un ciudadano, quien alertó sobre la presencia de un ataúd con restos humanos que se encontraba abandonado entre las tumbas del cementerio, el cual no sólo obstruía el paso a los visitantes, sino que también representaba un grave riesgo sanitario y una falta de respeto para la persona fallecida y sus deudos.
Tras recibirse el reporte, en lugar de seguir los protocolos establecidos, el personal del ayuntamiento, en un acto de desconocimiento y negligencia total, optó por la solución más sencilla y perjudicial: retirar el ataúd con todo y restos, transportarlo directamente al basurero municipal y arrojarlo al aire libre, una decisión que no resolvió el problema inicial, sino que, por el contrario, lo agravó al crear un nuevo foco de contaminación y una clara infracción legal.
El manejo adecuado de los materiales provenientes de cementerios, como los restos de ataúdes y osamentas, entre otros, está estrictamente regulado, de acuerdo con la normativa vigente en la entidad. La gestión, conservación y saneamiento de los panteones públicos requiere la autorización y supervisión de autoridades competentes, como la Secretaría de Salud y el Registro Civil del Gobierno.
La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos es clara en este punto: se prohíbe explícitamente el vertido de estos materiales en basureros comunes. Los ataúdes, al ser considerados residuos de manipulación especial o peligrosa, deben ser manipulados a través de un manejo integral, lo cual incluye diversos procesos de prevención, posible valorización y, finalmente, su disposición en sitios autorizados y no en vertedores no controlados.
Hasta el momento, las autoridades municipales no han manifestado una postura ante esta clara muestra de negligencia por parte de sus trabajadores.
