A un año de haber presentado una denuncia popular ante autoridades federales, comunidades mayas de Yucatán aseguran que siguen sin respuestas suficientes sobre las inspecciones, sanciones y medidas de reparación relacionadas con las granjas porcícolas señaladas por posibles afectaciones al agua y al territorio.
El reclamo involucra directamente a representantes de Chocholá, Kinchil, Santa María Chí, Dzununcán y Maxcanú, entre otras localidades integradas en la Red en Defensa del Agua y el Territorio Maya To’oné Ja’o’on, también conocida como Somos Agua.
Los pueblos sostienen que, pese al tiempo transcurrido, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Comisión Nacional del Agua y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales mantienen pendientes resultados de procedimientos administrativos, sanciones y, cuando corresponda, clausuras o reparación integral del daño.
Entre las instalaciones denunciadas figuran las granjas GARY 5 y 6, en Chocholá; MOBA, en San Fernando, Maxcanú; y los complejos porcícolas Kekén 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ubicados en zonas cercanas a Kinchil y Celestún.
De acuerdo con la Red, algunos de estos expedientes ya cuentan con antecedentes de inspecciones, irregularidades detectadas, multas y clausuras temporales.
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Sin embargo, el reclamo central es que esos procedimientos no se han traducido, según las comunidades, en información pública suficiente ni en medidas visibles para detener posibles afectaciones.
La Profepa realizó nuevas inspecciones en instalaciones de GARY y MOBA durante junio de 2026, pero sus resultados no habían sido dados a conocer al momento de difundirse el pronunciamiento.
Para los pueblos involucrados, abrir expedientes ya no es suficiente.
Su exigencia es saber qué encontró la autoridad, qué sanciones aplicó, si fueron cumplidas y qué acciones se tomarán para proteger pozos, cenotes y otras fuentes de abastecimiento.
Piden ser parte de las decisiones
El reclamo también alcanza la forma en que las autoridades han llevado el proceso.
La Red cuestiona que Profepa haya sostenido reuniones con empresarios del sector porcícola y con la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Gobierno estatal sin incluir a las comunidades afectadas.
De esas reuniones surgió un convenio para trasladar al Gobierno de Yucatán atribuciones relacionadas con la autorización y monitoreo ambiental de unidades de producción porcícola.
La organización sostiene que ese acuerdo se concretó sin consulta previa a los pueblos y fue impugnado mediante un juicio de amparo.
Una jueza federal concedió una suspensión definitiva, de acuerdo con la documentación difundida por la propia Red.
El conflicto, por tanto, ya no se limita a la calidad del agua.
También incluye el derecho de las comunidades a participar en decisiones que pueden afectar sus territorios y a conocer qué hacen las autoridades con las denuncias que presentan.
Santa María Chí, el otro foco
Uno de los casos que más preocupa a los habitantes es el de Santa María Chí.
Después del cierre de la granja Santa María o San Gerardo, la comunidad sigue esperando un estudio que determine el alcance del daño ambiental y las medidas necesarias para repararlo.
A ello se suma el traslado, reportado en septiembre, de miles de cerdos hacia instalaciones ubicadas en las zonas de Tebacal y San Antonio Tzacalá, a aproximadamente 15 kilómetros de Molas.
La Red vincula esas instalaciones con la misma empresa que operaba la granja clausurada y pide esclarecer bajo qué condiciones se realizó el movimiento de los animales.
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La preocupación aumenta por la cercanía con la Reserva Ecológica Cuxtal, una zona estratégica para el abastecimiento de agua de Mérida.
Las comunidades exigen conocer si las nuevas instalaciones cumplen con la normativa ambiental y qué medidas se adoptarán para evitar que un problema se traslade de una localidad a otra.
Piden investigar mortandad
Otra demanda pendiente es la investigación de una mortandad de peces reportada en una laguna ubicada entre Kinchil y Maxcanú.
Los representantes comunitarios piden determinar las causas y posibles responsabilidades, además de incorporar ese sitio a un esquema permanente de vigilancia.
La Red también reclama monitoreos independientes y periódicos en pozos, cenotes y otras fuentes utilizadas por las comunidades, con participación directa de sus habitantes.
El objetivo, sostienen, es no depender únicamente de estudios aislados ni de verificaciones administrativas cuyos resultados pueden tardar meses en hacerse públicos.
El estudio presentado el martes por Greenpeace México dio nueva fuerza a estos reclamos, pero no los originó.
La organización analizó en agosto 17 pozos y cenotes de Kinchil, Sitilpech, Motul, Chocholá, Molas, Celestún y San Antonio Tedzidz y encontró contaminación bacteriológica y química en distintos niveles.
Las pruebas detectaron concentraciones elevadas de nitratos, fósforo, sólidos suspendidos y coliformes, además de contaminación fecal en buena parte de las muestras.
