Las comunidades mayas de Yucatán obtuvieron un nuevo avance en la batalla legal que mantienen contra la industria porcícola. Una jueza federal concedió la suspensión definitiva dentro del juicio de amparo 1111/2026, con lo que ordenó a autoridades federales y estatales realizar inspecciones, supervisiones y visitas técnicas a granjas señaladas por presuntas afectaciones al medio ambiente y a la salud de la población.
La resolución obliga a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y a la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) de Yucatán a verificar que las instalaciones cumplan con la legislación ambiental y, en caso de detectar irregularidades, aplicar las medidas correctivas o sanciones correspondientes, además de informar al juzgado sobre las acciones emprendidas.
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El amparo fue promovido por habitantes de Kinchil, San Rafael, Santa Teresa Coahuila y Paraíso, en el municipio de Maxcanú, así como de Chocholá y Santa María Chi, comisaría de Mérida, quienes impugnaron el convenio de coordinación suscrito entre las tres dependencias para la evaluación del impacto ambiental de las granjas porcícolas.
Los promoventes sostienen que dicho acuerdo fue firmado sin realizar una consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas, pese a que consideran que sus efectos inciden directamente sobre sus territorios y derechos colectivos. También acusaron la falta de atención a denuncias relacionadas con la operación de diversas granjas.
El litigio cuenta con el acompañamiento del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), cuyos abogados representan a las comunidades durante el proceso judicial.
Yucatán concentra una de las industrias porcícolas más importantes del país, con cientos de granjas distribuidas en diversos municipios, muchas de ellas asentadas sobre el Anillo de Cenotes y la zona de recarga del acuífero.
Desde hace varios años, comunidades mayas y organizaciones ambientalistas han denunciado presunta contaminación del agua, malos olores, manejo inadecuado de residuos y afectaciones a la salud, mientras el sector productor sostiene que opera conforme a la normatividad ambiental y que cuenta con permisos para su funcionamiento.
Para las comunidades promoventes, la suspensión definitiva representa un paso importante en la defensa de sus derechos al agua, a un medio ambiente sano, a la salud y a la participación en las decisiones públicas que puedan afectar sus territorios.
