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Yucatán

Federación alista plan para proteger el subsuelo de la Península de Yucatán: resguardará cuencas y ríos subterráneos

La Conanp perfila resguardar 2.5 millones de hectáreas del subsuelo peninsular, aunque se mantiene en estudio.

Acuífero de la Península de Yucatán se encuentra en la mira
Acuífero de la Península de Yucatán se encuentra en la mira / Especial

Si un plan de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) prospera, el subsuelo de la Península de Yucatán tendrá una reserva casi 12 veces más grande que el Anillo de Cenotes: unos 2.5 millones de hectáreas frente a las 213,737 que hoy cubre la reserva estatal. Por ahora, sin embargo, lo único que avanza es un estudio.

El titular de la Conanp, Pedro Álvarez Icaza, informó que el estudio técnico justificativo para decretar esa área natural protegida lleva 80 por ciento de avance. El polígono, subterráneo, abarcaría territorio de Yucatán, Campeche y Quintana Roo y buscaría resguardar las cuencas y los ríos que corren bajo la superficie.

Del dicho al hecho

Conviene separar lo confirmado de lo pendiente. Está confirmado que existe una propuesta institucional y que su responsable la hizo pública. El porcentaje de avance es una cifra de la propia dependencia pero no se ha presentado el estudio completo ni un mapa definitivo del polígono que permita comprobarla. El funcionario aclaró que el avance corresponde a la preparación de los estudios y no significa que la protección ya esté aprobada.

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La delimitación es el nudo técnico. Debe considerar las características de las cuencas y los ríos subterráneos, así como las actividades que se desarrollan en la superficie y, de acuerdo con Álvarez Icaza, implica retos de alta complejidad por la cartografía de las cavidades kársticas. Para sostener el esquema, las autoridades ambientales trabajan en una nueva categoría dentro de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, pensada para cuencas y ríos subterráneos. Las notas consultadas no precisan si ese diseño requerirá una reforma legal ni en qué etapa se encuentra.

Decreto formal en el 2027

El calendario que se maneja es de dos tiempos. Antes de que termine el 2026, la Conanp prevé publicar el dictamen y abrir una consulta pública; el decreto formal se proyecta para el 2027. Son plazos declarados, no documentados.

Tampoco es la primera vez que se anuncia una fecha. En mayo del 2025, el mismo Álvarez Icaza esperaba presentar la declaratoria ese año, empezando por Playa del Carmen para extenderla a todo Quintana Roo y, en un futuro, a Yucatán. Hoy el alcance es peninsular y la meta se recorrió al 2027.

El propio Álvarez Icaza reconoce la dificultad: la reserva no será sencilla porque lo que se resguarda está bajo tierra y hay que buscar equilibrio con lo que ocurre arriba. Los reportes mencionan tres frentes por conciliar: infraestructura, actividad agropecuaria y desarrollo turístico. El funcionario aseguró que no se busca frenar el desarrollo superficial, sino garantizar el cuidado del subsuelo. Ahí está la pregunta de fondo: cómo proteger lo que no se ve de lo que sí se construye, se siembra y se visita encima.

Tesoro subterráneo

En Yucatán la pregunta no es teórica. El agua subterránea es la única fuente de abasto para prácticamente toda la población del estado, y el acuífero está formado por rocas altamente permeables, conectadas por cenotes, grietas y cavernas. Investigadoras de la Facultad de Ingeniería Química de la UADY reconocieron que la Secretaría de Desarrollo Sustentable tiene registrados 3,050 cenotes, de entre 7 mil y 8 mil que se estima existen.

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 Desde el 2025, la institución estatal opera una estrategia de conservación de sistemas kársticos que en su primer año contempló intervenir 20 cenotes prioritarios: una fracción frente a los más de 3,000 registrados.

 Estudios académicos calculan que 71 por ciento del acuífero yucateco tiene vulnerabilidad alta, muy alta o extrema, y apenas 2.7 por ciento de las aguas residuales recibe tratamiento, según datos publicados previamente por POR ESTO!

Granjas, las contaminantes

El antecedente más cercano no invita al optimismo fácil. La Reserva Estatal Geohidrológica del Anillo de Cenotes fue declarada en el 2013, pero el Gobierno estatal tardó una década en licitar su programa de manejo, el documento que define qué se puede hacer, qué se prohíbe y cómo se vigila. En julio del 2025, el decreto 88/2025 amplió de 13 a 24 los municipios cubiertos, aunque la superficie bajó de 219,207.83 a 213,737 hectáreas.

Organizaciones ambientalistas señalan que el Anillo reconocido por la Conagua y la Conabio atraviesa entre 27 y hasta 54 municipios, muy por encima de los 24 del decreto vigente. Un informe de Greenpeace México de 2020 ubicó 43 granjas porcícolas dentro de cuatro áreas naturales protegidas de Yucatán, entre ellas el Anillo de Cenotes.

La lección es operativa: un decreto fija el polígono, pero la protección depende de reglas, presupuesto y vigilancia. En ese terreno, Álvarez Icaza adelantó que el presupuesto de la Conanp crecería 25 por ciento el próximo ejercicio fiscal, tras un aumento de 50 por ciento el año anterior, hasta una bolsa cercana a 1,700 millones de pesos. El organismo administra 232 áreas federales que suman 98 millones de hectáreas. No se informó cuánto de ese dinero se destinaría a la nueva reserva.

En la parte participativa, los reportes indican que la propuesta se ha construido con organizaciones civiles, espeleólogos y buzos de cuevas, y que los estudios previos se elaboraron junto con la Semarnat, brigadas de buceo de cuevas y especialistas en hidrología.

Además, habrá mesas de trabajo para definir la delimitación y las reglas de uso del suelo. Lo que no queda claro es el papel de los pueblos y comunidades mayas cuyo territorio está sobre el acuífero: las notas hablan de consulta pública, sin precisar si habrá una consulta específica a las comunidades.

Para medir el alcance real de la propuesta faltan cuatro piezas: el estudio técnico justificativo completo, los polígonos preliminares, la definición de la nueva categoría jurídica y el calendario exacto de la consulta. Mientras no se publiquen, los 2.5 millones de hectáreas son una intención; la protección, todavía no.