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Yucatán

Diez años de batalla legal: comunidades de Yucatán denuncian despojo y sentencias que benefician a Kekén e inmobiliarias

Las comunidades de Chablekal, Kinchil e Ixil denuncian despojo territorial, daños ambientales y fallos a favor de empresas.

Tres comunidades avivan sus denuncias por despojo y daño ambiental y a vestigios mayas
Tres comunidades avivan sus denuncias por despojo y daño ambiental y a vestigios mayas / Gerardo Álvarez

Representantes de las comunidades de Chablekal, Kinchil e Ixil informaron que los procesos legales que enfrentan por presuntos intentos de despojo de tierras no solo continúan activos, sino que también evidencian –afirmaron– un patrón de presión empresarial, dilaciones procesales y omisiones institucionales que se arrastran desde hace más de una década.

Acompañados por representantes de la organización Kanan Derechos Humanos, detallaron los avances y obstáculos que han marcado cada expediente durante el último año.

Chablekal: 11 años de litigio y daños ambientales sin peritaje federal

Brenda Euán, originaria de Chablekal e integrante de la Unión de Pobladoras y Pobladores de Chablekal en Defensa de la Tierra, explicó que el litigio contra el comisario ejidal por intentos de despojo –vinculados al aprovechamiento de recursos y presuntos beneficios a empresas inmobiliarias– cumple 11 años activo.

Hace diez meses, denunció, se violó una medida precautoria al ingresar maquinaria pesada al monte de Misnebalam, territorio en posesión comunitaria. La inspección ocular por parte del Tribunal Agrario número 34, con sede en Mérida, ocurrió más de siete meses después de los hechos.

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Para entonces, señalaron, la maquinaria había arrasado grandes extensiones de monte virgen clasificado como selva baja caducifolia. Además, fueron destruidos al menos cuatro pequeños montículos y basamentos arqueológicos, así como cerámica y piedras que conformaban estructuras prehispánicas.

Hasta ahora, no se han realizado inspecciones formales por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ni del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para determinar la magnitud de los daños en aproximadamente 300 hectáreas relacionadas con la denuncia.

Kinchil: más de una década de conflicto con agroindustria

En Kinchil, el conflicto agrario con Grupo Kekén también supera los diez años. Los pobladores señalaron que, pese a intentos para que el Tribunal Agrario deseche el caso, el proceso continúa vigente.

Entre las estrategias recientes denunciadas, indicaron que uno de los demandados cedió la totalidad de sus derechos a favor de la empresa porcícola, acción que calificaron como una violación al procedimiento legal. El juicio seguirá este mes con una audiencia programada hacia finales de marzo.

El abogado Flavio Ayuso sostuvo que las comunidades no sólo enfrentan a corporaciones con amplia capacidad económica, sino también a un sistema judicial que, en el caso de Yucatán, estaría influenciado por intereses empresariales y políticos, lo que genera una asimetría en la disputa.

Matilde Dzib Dzul agregó que continúa vigente una Norma Técnica Ambiental emitida durante el sexenio estatal anterior para la regularización de granjas porcícolas, la cual –afirmó– no contempla mecanismos de consulta comunitaria antes de autorizar operaciones en territorio ejidal.

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La comunidad cuenta con un amparo vigente y anunció que el siguiente paso será acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para visibilizar lo que consideran violaciones a sus derechos agrarios y territoriales.

Ixil: cinco mil hectáreas en riesgo de cambio de destino

En Ixil, los representantes informaron que desde el 2024 retomaron una denuncia iniciada en el 2018 contra un empresario que buscaba modificar el destino de más de cinco mil hectáreas de uso común para convertirlas en asentamiento humano, lo que habría abierto la puerta a la privatización del territorio.

El proceso fue declarado nulo tras el abandono del caso por parte de su anterior asesor legal. Una vez reactivado, denunciaron que el comisario ejidal realizó múltiples acciones para retrasar el juicio: cambio de abogado en al menos cinco ocasiones, inasistencia a las audiencias y presentación de justificantes médicos con presuntas irregularidades.

Al detectarse documentación apócrifa presentada, el Tribunal Agrario determinó que el comisariado incurrió en la figura de rebeldía procesal, perdiendo el derecho a contestar la demanda. No obstante, el juicio permanece activo y se tiene prevista una audiencia durante este mes.