Después de más de una década de disputa legal, los ejidatarios de Chocholá recuperaron 612.12 hectáreas de tierras que forman parte de la Reserva Estatal Geohidrológica del Anillo de Cenotes, tras un fallo favorable del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito.
La resolución judicial representa una victoria histórica para los hombres y mujeres del campo de este municipio, quienes durante años defendieron su territorio ante intentos de despojo por parte de empresarios que buscaban explotar las tierras para la extracción de material pétreo y la instalación de una fábrica de sal.
El juicio principal comenzó el 15 de julio de 2019, cuando un grupo de campesinos se unió para interponer una demanda ante el Tribunal Unitario Agrario, a fin de anular la asamblea ejidal realizada en el 2012, donde se aprobó el cambio de uso de suelo de alrededor de 612 hectáreas para que fueran destinadas a empresarios.
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Los ejidatarios argumentaron que la decisión de esa asamblea infringía el artículo 59 de la Ley Agraria, que decreta que la asignación de parcelas en tierras que contengan bosques o selvas es nula de pleno derecho.
Fue en febrero de 2023 cuando el Tribunal Unitario Agrario falló a favor de los ejidatarios, declarando nula la asamblea del 2012 y ordenando la restitución de las tierras, luego de comprobarse múltiples irregularidades en el procedimiento de inscripción del acta de dicha asamblea ante el Registro Agrario Nacional (RAN).
Entre las anomalías más destacadas, se señaló que no se cumplió con la obligación legal de obtener un dictamen técnico por parte de la Semarnat antes de proceder con la calificación registral. Esta omisión afectó gravemente la validez del acto y dejó en evidencia el intento de despojo que enfrentaban los comuneros.
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Aunque el comisariado ejidal, liderado por David Alejandro Anguas Quintal, intentó revocar la decisión mediante un amparo el 21 de marzo de 2023, el Tribunal Colegiado lo desechó por falta de agotamiento de recursos legales previos.
Los terrenos en disputa pertenecen a la Reserva Estatal Geohidrológica de Cenotes y habían sido objeto de interés por parte de empresarios que pretendían instalar una fábrica de sal y llevar a cabo la extracción de material pétreo, lo cual no sólo habría generado un fuerte impacto ambiental en una zona considerada de alta importancia ecológica por su conexión con el sistema de cenotes y acuíferos subterráneos, sino también en la salud de la gente debido a la contaminación que la obra podría haber generado.
Con el respaldo legal, los ejidatarios no sólo recuperaron su patrimonio, sino que reafirmaron su derecho a decidir sobre el uso de su territorio y la protección de los recursos naturales.
