El Sur del estado está bajo presión ambiental. Municipios como Tekax y comunidades aledañas se han convertido en foco rojo por desmonte, tala ilegal y cambio irregular de uso de suelo, reconoció la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), dependencia que mantiene operativos permanentes ante el avance de la devastación.
José González Medina, encargado del despacho de la representación estatal, admitió que la presión sobre el territorio no se concentra en un solo punto, pero el Sur es actualmente una de las zonas más amenazadas por la transformación acelerada de selva en parcelas agrícolas o desarrollos sin autorización ambiental.
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En el último año, la dependencia federal desplegó inspecciones en la costa y municipios del Sur, instaló filtros carreteros forestales y coordinó acciones con fuerzas federales y estatales. El saldo incluye clausuras totales, aseguramiento de maquinaria pesada, procedimientos administrativos y denuncias por delitos ambientales.
Ofensiva más amplia
Los operativos recientes forman parte de una ofensiva más amplia en la Península de Yucatán, donde la autoridad ambiental ha intervenido miles de hectáreas afectadas por desmontes ilegales.
En el caso del Sur yucateco, predios intervenidos han evidenciado afectaciones severas a vegetación forestal, apertura de brechas, quema de cobertura vegetal y cambios de uso de suelo sin autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
La vigilancia también se ha extendido a zonas ecológicamente sensibles como la Reserva Cuxtal, donde se detectaron ocupaciones irregulares, extracción de recursos y construcciones no autorizadas dentro del Área Natural Protegida.
De manera más amplia, entre mayo y agosto de ese año la Profepa realizó más de 25 operativos en Campeche, Quintana Roo y Yucatán, los cuales derivaron en clausuras de predios que suman más de 6 mil hectáreas de selva afectada, así como la presentación de denuncias penales por violaciones a la legislación ambiental.
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“No sólo combatimos la deforestación; también atendemos impacto ambiental, invasión de zona federal, desarrollos inmobiliarios y afectaciones a la vida silvestre”, sostuvo González Medina. Subrayó que uno de los objetivos centrales es obligar a los infractores a ejecutar procesos de restauración ambiental, es decir, revertir el daño y permitir que el ecosistema recupere su estado natural.
Sin embargo, ambientalistas locales advierten que la restauración no siempre compensa el daño ecológico acumulado. La pérdida de cobertura forestal puede tardar décadas en revertirse, especialmente cuando se trata de suelos frágiles o áreas con especies endémicas.